La Audiencia Nacional de España ha ratificado una resolución que confirma la existencia de un cártel formado por ocho empresas lácteas incluyendo Pascual, Danone, Lactalis, Nestlé, Puleva y Capsa, entre otras. Esta formación ilegal de empresas, ha sido declarada culpable de intercambiar información comercial sensible con el objetivo de coordinar la compra de leche en España, en un período que comprende desde el año 2000 hasta el 2013.
La decisión de la Audiencia Nacional respalda la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de julio de 2019. Esta acción de las autoridades de competencia marca un hito en la lucha contra los cárteles, que aumentan los precios y limitan las posibilidades de entrada de nuevos competidores.
La organización agraria Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha recopilado demandas de alrededor de 5.000 afectados, aunque se estima que el número total de ganaderos afectados en toda España puede superar los 49.000. Con la ratificación del delito por parte de la Audiencia Nacional, es probable que el número de reclamaciones aumente considerablemente.
Albert Poch, especialista en derecho de la competencia de Redi Abogados, ha señalado que la sentencia de la Audiencia Nacional confirma la conducta del cártel de la industria láctea y que tuvo efectos en el precio de la leche que cobraron los ganaderos. Asimismo, indica que la compensación a los ganaderos por el daño causado por la industria está más cerca.
Las sentencias establecen multas de 8,5 millones de euros a Calidad Pascual; de 53.310 euros a Central Lechera Galicia; de 11,6 millones a Grupo Lactalis Iberia; de 6,8 millones a Nestlé y de 929.644 euros a Schreiber Food España. La Sala ha rechazado los argumentos de las empresas que consideraban las multas arbitrarias, afirmando que están motivadas y no resultan desproporcionadas.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha celebrado la sentencia de la Audiencia Nacional que reconoce la existencia del «cártel de la leche». La organización respalda las demandas de más de 5.000 ganaderos a los que representan, exigiendo la devolución de los importes que se les adeudan por la producción vendida en este periodo.
Fuentes de la UPA han reconocido que, aunque la sentencia de la Audiencia Nacional reduce la cuantía de las sanciones que inicialmente había reclamado la CNMC, sí confirma el hecho delictivo denunciado por la UPA. Tras la sentencia, se impulsarán las demandas individuales de los ganaderos afectados por el cártel para determinar la cantidad con la que cada uno de ellos debe ser indemnizado.
La organización agraria ha hecho un llamado a los ganaderos afectados por el cártel que aún no han iniciado su reclamación, para que se sumen al procedimiento y reivindiquen lo que, por derecho, les pertenece. Los titulares de las explotaciones que hayan vendido leche entre los años 2000 y 2013 pueden sumarse a la reclamación para que las industrias les reembolsen el diferencial correspondiente entre lo que deberían haber cobrado por la producción vendida esos años y lo que realmente cobraron.