El creciente problema de la okupación ilegal en España: un desafío para la salud, la economía y el bienestar

Las consecuencias emocionales y económicas de la okupación ilegal de viviendas en España representan una creciente preocupación para los ciudadanos que han invertido su tiempo y esfuerzo en obtener una propiedad. Estas personas, que han trabajado duro durante años para asegurar su futuro y el de sus seres queridos, se encuentran ahora frente a una situación que amenaza su seguridad y bienestar.

En el año 2023, la okupación experimentó una disminución del 8,8% en comparación con el año anterior. Sin embargo, con 15.289 infracciones penales registradas en relación con la usurpación o el allanamiento de inmuebles, el problema persiste y afecta a miles de familias en toda España.

Un caso notable es el de Anabel, una propietaria de Navarra que adquirió una segunda vivienda con el objetivo de obtener ingresos adicionales que le permitieran prejubilarse y disfrutar de una vida tranquila junto a su esposo. No obstante, a sus 62 años, Anabel se encuentra en una situación en la que no solo no ha podido retirarse anticipadamente debido a la okupación ilegal de su propiedad, sino que se ha visto obligada a trabajar en dos empleos para llegar a fin de mes.

El impacto de la okupación ilegal en la salud y bienestar

La okupación ilegal no solo ha tenido un impacto financiero en la vida de Anabel y su esposo, sino que también ha afectado su salud. «Estamos en tratamiento psiquiátrico y de verdad que ya no podemos más», admite Anabel. La angustia y la desesperación son comunes entre los propietarios afectados por la okupación ilegal, lo que resalta la necesidad de una intervención gubernamental eficaz y eficiente.

Como muchos propietarios en su situación, Anabel ha buscado ayuda a través de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. A pesar de estas acciones, los okupas que cuentan con un informe de vulnerabilidad, se resisten a abandonar la propiedad tras cuatro años de no pagar alquiler.

La pesadilla de Anabel comenzó a finales de 2018, cuando decidió alquilar su piso a una pareja de inmigrantes que presentaron un contrato de trabajo. Con la llegada de la pandemia, los problemas de pago comenzaron a surgir. A pesar de la flexibilidad ofrecida por Anabel y su esposo, los inquilinos dejaron de pagar por completo.

A pesar de intentar resolver el problema de forma amistosa, Anabel y su esposo tuvieron que recurrir a la justicia. En enero de 2023 se celebró el juicio y en mayo de ese mismo año debía haberse producido el desahucio. Sin embargo, los okupas alegaron vulnerabilidad debido a tener dos niños pequeños y no tener trabajo, logrando frenar el desalojo.

La legislación actual: ¿un obstáculo o una solución?

La legislación vigente se ha convertido en un amparo para los okupas, lo que ha generado frustración y desesperación entre los propietarios. «Como el Gobierno ha ido alargando el decreto antidesahucios, es imposible echarles y, mientras tanto, somos nosotros los que les mantenemos desde hace casi cuatro años», denuncia Anabel.

En un intento por resolver la situación, Anabel ha estado investigando por su cuenta para determinar si sus inquilinos son realmente vulnerables o si están trabajando de manera ilícita. «Tenemos sospechas de que ganan dinero empadronando a gente en mi piso», afirma.

Después de años de lucha, la desesperación de Anabel es palpable. «Alquilamos el piso para poder jubilarnos antes y ahora mismo tengo que trabajar en dos sitios para llegar a fin de mes. Tengo que hacer frente a dos hipotecas, y no solo no puedo retirarme, sino que no podemos ni pensar en vacaciones ni ayudar a nuestras hijas», lamenta.

Anabel critica la gestión del Gobierno, que, en su opinión, ha creado una ley social que en realidad perjudica a los particulares. «Esta situación la ha generado el Gobierno. Han hecho una ley social para ayudar a ciertas personas, pero, en realidad, el peso de la ayuda recae sobre los propietarios que tenemos un piso», concluye Anabel, pidiendo al Ejecutivo que derogue el decreto antidesahucios y cambie una legislación que perjudica a quienes han contribuido al progreso del país.