La polémica en torno a la Ley de Libertad Educativa de la Generalitat Valenciana continúa generando reacciones. En esta ocasión, la asociación de familias y docentes Idiomas y Educación ha manifestado su rechazo a la ley. La principal razón de esta oposición radica en la desconfianza hacia los consejos escolares, a quienes consideran una influencia distorsionadora en la elección de la lengua vehicular de enseñanza en los centros educativos.
La organización llevó a cabo un minucioso estudio de la legislación presentada recientemente en las Cortes Valencianas y concluyó que esta normativa no es un modelo de libertad. En este sentido, Idiomas y Educación ha propuesto abrir un debate para la sustitución de esta ley.
Según la asociación, los consejos escolares no son una representación real de padres y alumnos. Consideran que la opinión de los docentes y directivos de cada centro tiene un peso excesivo en estos consejos. Asimismo, señalan que el requisito lingüístico ha condicionado a los profesores y chantajea la elección de los padres. En consecuencia, demandan que sea estrictamente la elección de cada familia la que determine el idioma de aprendizaje en las aulas.
Además, la asociación ha criticado duramente el papel del Proyecto Lingüístico de Centro (PLC), órgano de representación en el que se decide el idioma de enseñanza. Según Idiomas y Educación, este organismo suele estar compuesto por profesores que antepusieron sus convicciones nacionalistas al interés de los alumnos. Esta situación, argumentan, ha llevado a que el español quede relegado a materias de poca presencia lingüística. También acusan a estos profesores de ejercer presión sobre algunos padres que ostentan representación en los consejos.
En cuanto a los resultados de la aplicación de la ley, la asociación predice que la mayoría de las asignaturas troncales serán impartidas en valenciano. Sin embargo, también indican que esta tendencia será menos pronunciada en la educación concertada, donde la decisión de la lengua vehicular recae en el propio centro. En este sentido, apuntan a un modelo de conjunción lingüística, es decir, con materias vehiculadas en ambas lenguas, valenciano o castellano, en una proporción que dependerá del número de grupos en cada curso.
No obstante, la asociación valoró positivamente los nuevos certificados de niveles de valenciano al terminar la etapa educativa, que podría ayudar a rebajar el impacto del requisito en la progresión nacionalista. Sin embargo, advierten que conseguir la nota de 7 que se exige en Bachillerato y Selectividad para obtener el nivel C1 será complicado, ya que los examinadores serán los propios profesores de valenciano, a quienes califican como «los docentes más nacionalistas».
Por otro lado, Idiomas y Educación también destaca cierta determinación en las zonas castellanohablantes, aunque señalan algunas incoherencias. Consideran un avance que los estudiantes puedan elegir el idioma en el que se examinan, aunque demandan que este derecho también se refleje en sus libros de texto y material escolar.
Finalmente, desde la asociación lamentan que esta ley da continuidad a la ingeniería social del nacionalismo que vinculan al anterior Gobierno autonómico del PSPV-PSOE en coalición con Compromís y Podem. Por ello, califican la ley de «sumisión lingüística». En conclusión, el debate sobre la Ley de Libertad Educativa de la Generalitat Valenciana sigue abierto y la necesidad de un consenso real y efectivo entre todas las partes implicadas se hace cada vez más evidente.