Foment del Treball rechaza la extensión de los impuestos extraordinarios a las empresas energéticas y bancos
La patronal catalana Foment del Treball ha expresado su descontento y rechazo ante la reciente decisión del Gobierno de prolongar los impuestos extraordinarios destinados a las empresas energéticas y a los bancos. Este gravamen, que fue introducido con la intención de ser temporal, parece convertirse en una carga permanente que, según la patronal, equivale a un «castigo sin sentido a ciertos sectores económicos y con ánimo confiscatorio».
El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, en una declaración, cuestionó la decisión del Gobierno, enfatizando que estos impuestos fueron introducidos como una medida temporal durante un período de crisis económica. Mantenerlos, en su opinión, parece una persecución innecesaria y desproporcionada contra los sectores energético y bancario. Según datos proporcionados por la propia patronal, estos impuestos extraordinarios recaudaron 2.900 millones el pasado 2023.
El Ministerio de Hacienda insiste en la extensión
El Ministerio de Hacienda publicó esta semana en el ‘Boletín Oficial del Estado’ (BOE) la orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del próximo 2025. En ella se recoge la ampliación de estos dos impuestos, lo que ha causado la consternación de Foment del Treball.
La patronal compara estos impuestos con el impuesto de patrimonio, que también se introdujo con la intención de ser temporal y contra el cual Foment ha luchado con vehemencia, pidiendo su completa erradicación. La entidad empresarial ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra este impuesto, argumentando que tiene una función confiscatoria.
Si no se logra ganar en esta instancia judicial, Foment del Treball ya tiene preparado un recurso para llevar el caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La patronal considera que el mantenimiento de este impuesto no aporta nada y solo quiere manifestar un posicionamiento ideológico que, a su entender, ha sido abandonado por todos los países de la UE, excepto España.
Otro punto de preocupación para la patronal es la posible armonización del impuesto de sucesiones y donaciones en todas las comunidades autónomas. Según Foment, esta medida va en contra de las competencias de las comunidades autónomas y se suma a la carrera intervencionista del Gobierno a nivel fiscal. Esto último, argumentan, inhibe la actividad económica y socava la competitividad de las empresas.
La postura de Foment del Treball refleja la creciente preocupación entre las empresas energéticas y bancarias sobre la dirección de la política fiscal en España. La incertidumbre sobre futuras obligaciones fiscales y la percepción de un ambiente fiscal cada vez más hostil podrían tener efectos negativos en las decisiones de inversión y, en última instancia, en la salud y vitalidad del sector empresarial español.