El panorama político español, marcado por la falta de consenso entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), impide avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica. Sin embargo, la necesidad urgente de abordar este asunto ha llevado a expertos y entidades relevantes a plantear soluciones temporales. Específicamente, representantes del Consejo General de Economistas de España y de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han sugerido la implementación de «parches» urgentes, mientras se llega a un acuerdo definitivo.
En un encuentro informativo reciente, estos expertos han destacado la necesidad de un fondo transitorio de nivelación a favor de las cuatro comunidades más infrafinanciadas: Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Este fondo, que se estima en unos 3.000 millones de euros, es el mismo que los presidentes de estas autonomías han solicitado a principios de año.
El evento contó con la participación de Valentí Pich, presidente del Consejo de Economistas; Ángel de la Fuente, director de Fedea; José María Durán, profesor de la Universidad de Barcelona y director del Instituto de Economía de Barcelona (IEB); y Diego Martínez-López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador asociado de Fedea.
Mientras se espera una reforma integral del sistema, los economistas propusieron incorporar «parches» que podrían comenzar con el establecimiento del mencionado fondo transitorio de nivelación. Además, sugirieron revisar el sistema de retenciones y entregas a cuenta, mejorar el cálculo de la recaudación normativa de los tributos cedidos gestionados por las comunidades autónomas y regular con mayor claridad las escalas de referencia para el cálculo de la recaudación normativa de todos los tributos cedidos.
Las opiniones de los expertos divergieron en cuanto a la posibilidad de que el Tesoro realice una condonación parcial de la deuda autonómica. Mientras Pich y De la Fuente se mostraron en contra de esta propuesta, Durán y Martínez-López se mostraron a favor, aunque con condiciones.
Los economistas estuvieron de acuerdo en rechazar la aplicación en Catalunya de un modelo de financiación similar al cuota vasco, argumentando que esto haría imposible un Estado social. También se mostraron a favor de revisar el modelo vasco y navarro. Sin embargo, mostraron comprensión hacia la propuesta de un modelo de Agencia Tributaria consorciada entre el Estado y las autonomías, siempre y cuando esto no suponga «el troceamiento» de la actual Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
En este contexto de búsqueda de soluciones y propuestas, es evidente que el camino hacia una reforma integral del sistema de financiación autonómica en España es complejo y requiere de un amplio consenso político. Sin embargo, la implementación de «parches» temporales puede ser una opción viable para abordar las necesidades más urgentes y las desigualdades existentes entre las diferentes comunidades autónomas.