El incremento del gasto en pensiones a causa de las recientes reformas de la Seguridad Social en España requerirá un aumento en las cotizaciones sociales sobre las nóminas de los trabajadores de entre 2,2 y 3,8 puntos porcentuales a partir de 2026 y durante los próximos cinco años. Esta es la estimación realizada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), según un artículo publicado recientemente por su director ejecutivo, Ángel de la Fuente.
Este pronóstico está basado en una evaluación de las consecuencias financieras del envejecimiento de la población, tal como se describe en el informe ‘Ageing Report 2024’ de la Comisión Europea. Según este informe, la reforma de pensiones española resultará en un incremento del gasto en pensiones equivalente a 3,3 puntos del PIB para 2050 y a 5 puntos para 2070, llevándolo al 17,28%. No obstante, Fedea ajusta esta cifra hasta el 16,87% en base a las últimas revisiones al alza del Producto Interior Bruto (PIB) publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En comparación con el informe anterior sobre el envejecimiento de 2021, el ‘Ageing Report 2024’ presenta cifras más pesimistas en cuanto a la evolución del gasto en pensiones. Esta preocupación se debe a la incorporación de los efectos de las últimas reformas del sistema, la inflación, la reforma laboral, el aumento del salario mínimo interprofesional y la aparición de economía sumergida, entre otros factores.
En 2025 se planea evaluar la cláusula de salvaguarda introducida por la última reforma del exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Esta cláusula estipula que si el gasto medio en pensiones para el período 2022-2050, ajustado por las medidas de ingresos adoptadas a partir de 2020, se desvía del 13,3% del PIB, el Gobierno deberá implementar un conjunto de medidas para corregir tal desviación. Estas medidas, de ser necesarias, deberán entrar en vigor en 2026 durante un periodo de cinco años. Si no se acuerda ninguna medida, se produciría automáticamente un incremento de las cotizaciones sociales en ese año.
Según el informe de Fedea, es «extremadamente improbable» que la cláusula de salvaguarda no se active el próximo año. Sin embargo, la magnitud del ajuste requerido dependerá de la estimación que haga la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) de los efectos de la reciente reforma sobre los ingresos. Esta es la misma conclusión a la que llega el Banco de España en su reciente Informe Anual.
A partir de marzo de 2025, la Airef deberá publicar su evaluación. Sin embargo, Fedea anticipa, a partir del informe de la Comisión Europea, que será necesario un ajuste de entre 0,6 y 1,1 puntos del PIB. En ausencia de un acuerdo expreso sobre un paquete alternativo de medidas correctivas, esto se traduciría en un aumento de las cotizaciones de entre 2,2 y 3,8 puntos porcentuales.
De la Fuente afirma que la reciente reforma suspendería su primer examen de viabilidad, lo que confirma las dudas existentes sobre su diseño y sugiere que sería bueno retomar el tema de inmediato. «El Informe de Envejecimiento de 2024 corrige al alza las proyecciones del gasto público en pensiones elaboradas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en años recientes, constatando así que la reforma de 2020-22 nace con serios problemas de diseño que la convierten en una pesada hipoteca para nuestras cuentas públicas», valora el director de Fedea. Este centro de estudios, desde el primer momento, cuestionó las proyecciones económicas con las que el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, acompañó su reforma.
Fedea es un centro de estudios cuyos miembros protectores incluyen al Banco de España, la Fundación Ramón Areces, y una docena de entidades financieras y compañías del Ibex 35.