El Ministerio de Hacienda de España convoca al Consejo de Política Fiscal y Financiera para discutir el objetivo de déficit para 2025

El Ministerio de Hacienda de España ha convocado una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el lunes, 15 de julio, a las 12.30 horas. El encuentro incluirá a las 15 comunidades autónomas de régimen común y estará centrado en la discusión del objetivo de déficit para 2025, un compromiso que España ha hecho con Bruselas de llegar a un 2,5% del PIB. Asimismo, se abordará la senda fiscal para el periodo 2025-2027.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, presidirá la reunión con los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas. Como es habitual en cada mes de julio, se discutirán y se establecerán acuerdos sobre el reparto del déficit conjunto del 2,5% entre la Administración Central, las comunidades y los ayuntamientos. Posteriormente, se reunirá la Comisión Nacional de Administración Local y se ratificarán los objetivos de déficit y deuda para el periodo 2025-2027.

El Gobierno ha mejorado el objetivo de déficit para el próximo año, reduciéndolo del 2,7% al 2,5% del PIB en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas en abril. Sin embargo, aún no se ha definido cómo se repartirá este déficit entre los diferentes niveles de la Administración. Tampoco se conoce la senda fiscal para los años 2026 y 2027 que, en cualquier caso, deberá reflejar un déficit por debajo del 3%. Con las nuevas reglas fiscales de la UE ya en vigor este año, España se ha comprometido a mantener sus números rojos por debajo de este límite.

Financiación y entregas a cuenta

Además del reparto del déficit y la definición de la senda fiscal para los próximos tres años, el Ministerio de Hacienda presentará a las comunidades los últimos datos de entregas a cuenta derivadas del modelo de financiación, recientemente aprobados por el Consejo de Ministros.

En concreto, se distribuirá entre las regiones 154.467 millones de euros en concepto de entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación autonómica del año 2022. Esto supone casi 20.000 millones más que el año pasado. La ministra Montero aprovechará la reunión para hacer hincapié en que se espera que estas entregas a cuenta récord se destinen a fortalecer servicios públicos como sanidad, educación o dependencia.

El reparto de los objetivos de déficit entre los distintos niveles de la Administración es un paso esencial para que el Consejo de Ministros pueda aprobar el techo de gasto para el próximo año y dar inicio a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2025, que se espera presentar en tiempo y forma.

Aunque el Ejecutivo desea desvincular la actualización de las entregas a cuenta de este año de las negociaciones para reformar el modelo de financiación autonómica, algunas comunidades autónomas ya han expresado su intención de discutir la revisión del modelo de financiación autonómica en esta reunión. El sistema actual expiró hace una década sin ninguna renovación y la reforma de este modelo se ha convertido en uno de los principales objetivos de esta legislatura, aunque no exento de dificultades, ya que se necesita el acuerdo entre, al menos, el PSOE y el PP.

Natàlia Mas, la consejera catalana de Hacienda, ha confirmado su asistencia a la reunión de este lunes, después de varios años en los que la Generalitat enviaba a un funcionario de menor rango a este encuentro. Su objetivo es defender la financiación singular para Cataluña, a pesar de que las autonomías del PP la rechazan de plano.

María Jesús Montero, por su parte, aunque reconoce que el debate del nuevo modelo de financiación no estaba en la agenda, ha asegurado que se debatirá «todo aquello que los consejeros quieran comentar en la sesión del lunes». De hecho, la Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno que presente «por escrito» y de forma «detallada» una propuesta de nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas en la reunión del CPFF de este lunes. Para el gobierno andaluz, es «intolerable» que, mientras el Gobierno de España ofrece una hacienda pública «exclusiva» para Cataluña, se niegue al resto de comunidades, «ya de por sí infrafinanciadas», los recursos que necesitan.