El gobierno español está luchando por la inclusión del transporte marítimo que atraque en los puertos del norte de África en la obligación de pagar por las emisiones de gases de efecto invernadero, los principales culpables del calentamiento global. Esta medida ya se aplica a las navieras en los países europeos desde enero de este año.

La incorporación del transporte marítimo en Europa dentro del directiva ETS (régimen de comercio de derechos de emisión), que ya aplican sectores como la aviación, ha generado protestas de las empresas estibadoras. Estas compañías argumentan que la directiva, que tiene como objetivo acelerar la transición energética, puede causar la pérdida de empleos. En respuesta a esto, las estibadoras han convocado un paro de dos horas este miércoles en los puertos españoles, de 13:30 a 15:30 horas.

La protesta en España es parte de una movilización más amplia convocada por el European Dockworkers Council (EDC), la organización europea de trabajadores portuarios. Se sumarán a la protesta sindicatos de otros 11 países: Francia, Eslovenia, Suecia, Dinamarca, Chipre, Malta, Grecia, Montenegro, Italia, Croacia y Portugal. La organización europea también llevará a cabo manifestaciones en Bruselas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, liderará este jueves una reunión convocada a propuesta de España para debatir el impacto de la directiva sobre el transporte marítimo y compartir posibles estrategias para mitigarlo. Entre las propuestas de Puente se encuentra la creación de la figura de ‘Puerto Transparente’, según la cual las escalas o transbordos en un puerto no europeo situado a menos de 300 millas de uno de la UE y cuya actividad de descarga de contenedores supere el 65% estarán también sujetos al régimen de comercio de emisiones.

La idea detrás de esta propuesta es evitar que las navieras cambien sus rutas y hagan escala en puertos como Tánger Med o Port Said (junto al canal de Suez), para esquivar los mayores costos europeos, en lugar de seguir haciéndolo en Algeciras, Barcelona, Valencia o Cartagena.

En sus alegaciones, España logró introducir un mecanismo de revisión de la directiva europea para monitorizar y establecer medidas preventivas que puedan ser implementadas rápidamente cuando se detecte una amenaza inminente. Por lo tanto, el Ministro Puente también hará hincapié el jueves en establecer un sistema de monitoreo de las amenazas que implica el nuevo mercado de emisiones del transporte marítimo a los puertos de la UE.

Los principales puertos de España y de otros países del sur de Europa se han unido para enfrentar la implementación de la directiva del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de la Unión Europea. Estos puertos están solicitando el respaldo de la Organización Marítima Internacional (OMI) para extender estas medidas a todos los puertos mediterráneos, independientemente de si pertenecen o no a la UE.

El 90% del comercio mundial se realiza por vía marítima, y este medio de transporte representa entre el 3% y el 4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En la última reunión del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI, celebrada a finales de marzo, se incrementaron los apoyos al establecimiento de un impuesto global a las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte marítimo.

La OMI ya ha señalado la necesidad de establecer algún tipo de precio a las emisiones a nivel mundial, que debería entrar en vigor a finales de 2025, tras la adopción en julio del año pasado de la nueva estrategia global para reducir las emisiones. Según el plan establecido, estas deberían caer hasta un 30% en 2030 para alcanzar las cero emisiones netas en 2050. Sin embargo, aún se necesita el apoyo a este impuesto global de países tan importantes como China, el mayor exportador del mundo.