El sector público en Cataluña se prepara para un aumento salarial. En julio, los más de 200,000 empleados públicos afiliados a la Generalitat de Catalunya recibirán un aumento de 2% en sus salarios. Este aumento es el resultado de un acuerdo que se espera que el Consejo de Ministros apruebe este martes. El acuerdo contempla una actualización de las remuneraciones de todos los empleados públicos, las cuales han estado congeladas desde principios de este año.
Fuentes de la conselleria de Presidència han confirmado la noticia, asegurando que la actual interinidad del Ejecutivo y el presupuesto prorrogado no obstaculizarán la actualización de las tablas salariales. Esto es posible gracias al decreto ley de suplemento de crédito que se aprobó en abril. Sin embargo, las mismas fuentes señalan que, aunque el aumento salarial es seguro, puede que no lleguen a pagar todos los atrasos correspondientes en julio. Esto se debe a que tienen que calcular la cantidad individualmente, lo cual podría retrasar el pago hasta agosto.
Las repercusiones del aumento salarial en el sector público
La mejora salarial no es la única noticia positiva para los empleados públicos. El aumento será de aplicación retroactiva a partir del 1 de enero, lo que significa que los empleados públicos también recibirán una ‘paguilla‘ en función de los retrasos acumulados. Esta medida beneficiará a alrededor de 3.5 millones de trabajadores del sector público en toda España.
La cantidad que cada empleado público recibirá dependerá de su categoría profesional. En el caso de los trabajadores de la Generalitat, también se sumarán los trienios acumulados y los complementos específicos de destino, si los hubiera. Sin tener en cuenta estos conceptos, el ingreso único oscilará entre una horquilla de 189 euros y 775 euros, dependiendo del nivel de remuneración del funcionario. Para el personal laboral, la paga de atrasos oscilará entre 187 y 335 euros.
Para las categorías profesionales más comunes entre los funcionarios, los sueldos aumentarán alrededor de 42 euros al mes. La paga de atrasos para estas categorías, identificadas como C1 y A2, oscilará entre los 290 y 310 euros, según fuentes sindicales consultadas.
El aumento que se espera aprobar este martes es el resultado de un acuerdo entre el Gobierno y dos de las tres principales centrales sindicales, CCOO y UGT, en octubre de 2022. Sin embargo, la central sindical Csif decidió no formar parte del pacto, considerando que el aumento era «insuficiente».
Según el acuerdo, los sueldos del sector público deberían aumentar un 2% en 2024, con la posibilidad de un incremento adicional de medio punto porcentual si «el IPC entre 2022 y 2024 supera las subidas acumuladas en ese periodo». Habrá que esperar hasta principios del próximo año para confirmar si se cumple esta condición y para que el Gobierno proceda a formalizar el aumento. Este incremento tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero y, al igual que la posible paguilla de atrasos, sería obligatorio extenderlo a todas las administraciones.