Un empleado con más de 34 años de antigüedad en una conocida cadena de supermercados ha visto extinguido su contrato sin derecho a la indemnización de 50.531,25 euros que había obtenido inicialmente. El caso se produjo después de que la Seguridad Social le reconociera una incapacidad permanente total derivada de un accidente laboral.
La empresa intentó adaptar el puesto
El trabajador, que desempeñaba el puesto de auxiliar de recepción desde 1991, recibió el reconocimiento de la incapacidad permanente total debido a dolencias que afectaban a la movilidad de su brazo izquierdo.
Cuatro días más tarde, la empresa contactó con él sin plantear su despido y le preguntó si deseaba continuar trabajando. El empleado respondió afirmativamente, aunque solicitó una adaptación de sus funciones. Para determinar el alcance de sus limitaciones, la compañía pidió autorización para someterle a una revisión médica.
El informe del médico del trabajo detectó restricciones para la manipulación de cargas, los movimientos repetitivos de brazos, las posturas forzadas y la elevación de los hombros. De acuerdo con esta evaluación, el único destino compatible era el de auxiliar administrativo, una función para la que el trabajador no disponía de la formación requerida.
Ante la imposibilidad de readaptar su puesto, la empresa comunicó semanas después la finalización de la relación laboral. El afectado llevó el asunto a los tribunales.
La primera resolución declaró el despido improcedente
En primera instancia, la Sala dio la razón al trabajador y consideró el despido improcedente, al entender que la carta de la empresa no detallaba con suficiente claridad los motivos que impedían la adaptación del puesto. La resolución ofrecía a la compañía la posibilidad de readmitirlo o de abonarle una indemnización de 50.531,25 euros.
El hipermercado recurrió la decisión y sostuvo que el Tribunal Superior de Justicia había aplicado la normativa anterior a la reforma, ya que la extinción del contrato tenía efectos desde el 27 de marzo, aunque el burofax fue recibido en mayo.
Solo había un puesto compatible, para el que no tenía formación
Al resolver el recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía concluyó que la empresa había realizado las actuaciones a su alcance para tratar de reubicar al trabajador después de la declaración de incapacidad permanente total.
La Sala validó los informes aportados por el servicio de prevención y por Recursos Humanos. Estos documentos indicaban que la empresa contaba con tres auxiliares administrativos y que el empleado no reunía la formación necesaria para desempeñar ese puesto.
Por ello, el TSJ dio la razón a la cadena de supermercados y dejó sin efecto la indemnización de 50.531,25 euros que se había reconocido al trabajador en primera instancia.

