El Tribunal Constitucional (TC) en España se prepara para iniciar un análisis crítico sobre la posibilidad de anular la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a la exministra socialista y exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, por un delito de prevaricación en el denominado Caso ERE Andalucía. Este debate, que se inicia a partir de este lunes, será liderado por el magistrado del TC, Inmaculada Montalbán, quien propone estimar el recurso de Álvarez y anular su condena.
Según informaciones obtenidas de fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la postura de Montalbán coincide con el criterio de la Fiscalía. A principios de año, la Fiscalía informó a la corte de garantías que la revisión de penas de los ERE solo debía afectar al delito de prevaricación con relación a la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico.
Interpretación Excesiva del Delito de Prevaricación
La Fiscalía argumenta que tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación, ya que se trata del ejercicio de la iniciativa legislativa. En este sentido, las fuentes consultadas precisaron que la cuestión constitucional que plantea la condena de Álvarez es si la aprobación del proyecto de ley de presupuestos -luego aprobada como ley- podría haber sido o no juzgada por un juez penal y calificado como acto administrativo injusto.
Los magistrados del Tribunal Constitucional abordarán el caso de Álvarez tras casi un año y medio de estudio. Los magistrados admitieron a trámite el recurso de amparo al entender que tiene especial trascendencia constitucional porque plantea un problema constitucional que incide en derechos fundamentales y suscita una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social, además de tener unas consecuencias políticas generales.
Por otro lado, el Pleno del TC analizará si admite a trámite el recurso que presentaron los diputados del PP del Parlament de Cataluña contra la decisión de la Mesa de Edad de permitir que se contabilizasen los votos delegados de los diputados electos Carles Puigdemont y Lluís Puig.
El magistrado del ala conservadora, Ricardo Enríquez, será el encargado de redactar la ponencia. En su última Pleno, el tribunal anuló el voto telemático de Puig al estimar un recurso de amparo de los diputados de Socialistes i Units per Avançar en el Parlament de Cataluña en la anterior legislatura.
Reforma del Aborto y Ley de Memoria Democrática de Aragón
El Tribunal Constitucional también abordará el debate sobre el recurso de Vox contra la reforma de la ley del aborto, después de que el presidente del tribunal, el magistrado Cándido Conde-Pumpido, pospusiera el asunto para no interferir en las elecciones europeas del pasado 9 de junio.
Fuentes jurídicas apuntan que la corte de garantías se dispone a aprobar el borrador de la sentencia que ha redactado la magistrada del ala progresista Laura Díez, quien defiende que la norma es constitucional.
Además, están en el orden del día el recurso del presidente del Gobierno contra la ley de Memoria Democrática de Aragón, así como el recurso que presentaron los senadores del PSOE contra el Decreto-ley 3/2024 por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía.
Por último, para admisión a trámite figura también una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra la disposición transitoria quinta de la ley de coordinación de policías locales de la Región de Murcia.