El Tribunal Constitucional exonera a ex altos cargos en el caso ERE

En un reciente giro de los acontecimientos, el Tribunal Constitucional (TC) ha dictaminado que el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández García, no estaba obligado a oponerse a una serie de supuestas ilegalidades en el caso ERE. Las supuestas ilegalidades están vinculadas al sistema de presupuestación del programa 31L, conocido como el ‘fondo de reptiles’, el cual propició el desvío de fondos públicos de la Junta de Andalucía que ascendió a 680 millones de euros entre 2002 y 2009.

El TC, liderado por Cándido Conde-Pumpido, ha exonerado a seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía de los delitos de prevaricación y/o malversación. Esta decisión se basa en el argumento de que el sistema de ayudas de los ERE, a pesar del desvío de fondos, era legal porque se financiaba con una partida que estaba incluida en las sucesivas leyes de los Presupuestos autonómicos de esos años.

El TC sostiene que si la omisión de formalidades y procedimientos por parte de las autoridades y funcionarios que gestionaban los fondos estaba amparada por la ley, entonces la supresión de esos controles no puede considerarse una sustracción.

Este argumento jurídico, conocido como no tener obligación «contra legem», ha sido utilizado por el TC en otras sentencias para exculpar a otros políticos, como la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, la número dos de José Antonio Griñán. Sin embargo, la situación de Fernández es distinta, ya que él estaba a cargo de la Dirección General de Trabajo, que distribuía sin control las subvenciones.

Es importante mencionar que una de las empresas beneficiarias de las subvenciones fue González Byass, la antigua empresa de Fernández, en la que era trabajador en excedencia. Fernández renunció a la póliza de 386.181 euros que estaba previsto que comenzara a cobrar en 2012, a cargo del erario público, cuando estalló el escándalo de los ERE.

El exconsejero continúa en prisión

A pesar de la sentencia del TC, Antonio Fernández sigue en la prisión del Puerto III en El Puerto de Santa María, en Cádiz, donde ingresó hace un año y siete meses. A diferencia de otros presos de los ERE, el TC admite que Fernández incurrió en un delito de malversación por el desvío de fondos públicos a fines diferentes a los recogidos en el programa de ayudas.

La Audiencia de Sevilla determinó que las acciones de Antonio Fernández, junto con las del resto de los condenados, llevaron a que se concedieran ayudas sociolaborales sin cumplir los requisitos previstos en la normativa sobre subvenciones. Esto resultó en pagos indebidos a personas que nunca habían pertenecido al colectivo afectado y en ayudas a empresas en crisis sin convocatorias públicas ni registro en la base de datos de subvenciones.

En resumen, el sistema de presupuestación fue calificado como «indebido o ilegal» porque el mecanismo empleado no permitía repartir subvenciones que escapaban a todo control o fiscalización. Sin embargo, el TC se opone a esta tesis, argumentando que el contenido de los anteproyectos y proyectos de ley no puede ser objeto de control por ningún órgano judicial.

El tribunal rechaza la idea de que la ejecución por parte de una autoridad o funcionario público de las determinaciones contenidas en las leyes de presupuestos pueda dar lugar a una condena penal por delito de malversación. Según el TC, si las irregularidades eran una consecuencia necesaria del sistema de presupuestación del programa 31L y este había sido aprobado en las sucesivas leyes de presupuestos, entonces el recurrente no tenía la obligación de oponerse a esas supuestas ilegalidades.