«El Constitucional no me ha indultado ni amnistiado en el caso ERE, me ha dado la razón»

Exconsejera de Hacienda absuelta: «No he sido amnistiada, se me ha dado la razón»

La exconsejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, en un vídeo difundido por el PSOE andaluz, declaró que el Tribunal Constitucional (TC) no le ha «amnistiado ni indultado», sino que le ha «dado la razón» en que sus derechos fundamentales, a la legalidad penal y a la presunción de inocencia, habían sido vulnerados.

Martínez Aguayo, que disfrutaba del tercer grado penitenciario y había dejado la prisión desde mediados de junio para acudir a dormir al centro de inserción social de Sevilla, fue sentenciada a seis años y dos días de prisión por malversación en el caso de los ERE fraudulentos financiados con fondos autonómicos. El pasado miércoles, el Tribunal Constitucional estimó parcialmente su recurso de amparo, anulando con relación a ella la sentencia inicial condenatoria.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, ratificada por el Supremo, sostenía que Martínez Aguayo era culpable de malversación. Sin embargo, el Pleno del Constitucional, con siete votos a favor de los magistrados progresistas y cuatro en contra de los magistrados del ala conservadora, concluyó que dicha instancia condenó a la exconsejera sin precisar los hechos específicos que se le atribuyen y que se le aplicó indebidamente el delito de prevaricación.

El Constitucional señaló que Martínez Aguayo, quien solo intervenía en la fase de presupuestación y no tenía participación personal en la gestión de las ayudas realizadas por la Consejería de Empleo, fue condenada sin que los órganos judiciales argumentaran que los hechos imputados fueran cometidos por ella.

«Llevaba muchos años esperando una decisión judicial»

La exconsejera se mostró aliviada con la anulación de su condena. En el vídeo difundido por el PSOE andaluz, Martínez Aguayo expresó que había esperado «muchos años» por una decisión judicial como la emitida por el Tribunal Constitucional. Tras un largo proceso judicial que involucró la investigación del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla y las sentencias de la Sección Primera de la Audiencia, del Supremo y del Constitucional, aseguró que siempre ha confiado en la Justicia y ha mostrado el máximo respeto hacia ella.

En cuanto a los miembros del PP críticos con la decisión del Constitucional, Martínez Aguayo considera que este partido, como parte acusadora, debe mostrar «el mismo respeto» al Tribunal Constitucional que a las instancias que anteriormente habían «dado la razón» a las tesis acusatorias de los populares y de la Fiscalía.

Martínez Aguayo declaró que se ha mantenido en silencio ante las decisiones desfavorables del juzgado, la Audiencia y el Supremo, y que ahora que el Constitucional «no le da la razón» al PP, corresponde que este partido haga lo mismo.

Respeto a la Justicia

Tras las afirmaciones del PP de que el Tribunal Constitucional está copado de exministros y altos cargos socialistas y se dedica a «hacer revisionismo de las sentencias del Tribunal Supremo», Martínez Aguayo consideró «increíble» que este partido «cuestione» al Constitucional. Según ella, el PP, «como parte acusatoria, tiene que ser respetuoso con la Justicia tanto si se le da la razón como si no».

Además, la exconsejera manifestó que, a su entender, los exdirigentes socialistas han sido sometidos por parte del PP a «una estrategia brutal de generar una gran mentira a sabiendas, con esa falta de moralidad, para destrozar al adversario político, considerándolo como un enemigo».

En relación a la partida presupuestaria 31L, Martínez Aguayo afirmó que los miembros del PP que firmaron la denuncia del partido «sabían que lo que firmaban no era verdad», ya que este partido «conocía» la existencia de dicha partida, que aglutinaba los fondos para las prejubilaciones de los ERE y las ayudas sin publicidad a empresas en crisis. Según ella, los créditos presupuestarios «no delinquen, son cosas neutras».

«Nunca hemos cogido un euro»

Martínez Aguayo criticó a los populares por «mentir» al atribuir insistentemente a los antiguos dirigentes socialistas de la Administración andaluza un «robo» en este caso, alegando que ni la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la causa, ni la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla como órgano emisor de la sentencia inicial condenatoria ni el Supremo al desestimar sus recursos de casación, ni tampoco el Constitucional, les han acusado de «robar» dinero público. «Nunca hemos cogido un euro. Somos servidores públicos honrados», aseguró.

Finalmente, la exconsejera expuso que su familia ha «sufrido mucho y lo ha pasado muy mal» por todo lo que ella ha afrontado en todos estos años, especialmente el año y medio que ha pasado en prisión, pero defendió que salió de la cárcel «tan inocente» como entró en ella y «con la cabeza tan alta» como antes.