Las organizaciones medioambientales españolas presentan un caso histórico contra el Estado por inacción climática
En una jugada histórica, varias organizaciones medioambientales, incluyendo Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, han desafiado al Estado español en el primer litigio climático de la historia del país. Las organizaciones acusan al Estado de inacción ante el cambio climático, marcando un hito importante en la lucha por la justicia climática.
Este caso llega después de que el Tribunal Supremo fallara en contra de las organizaciones en julio, agotando la vía de recursos nacionales. Sin embargo, esta derrota ha abierto las puertas al Tribunal de Derechos Humanos (TDEH), que anteriormente había fallado contra Suiza en un caso similar.
Un precedente histórico en Suiza
En un giro histórico, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a Suiza por no proteger a su población de los impactos del cambio climático. La demanda fue presentada por Klima Seniorinnen, un grupo de más de 2.000 mujeres mayores de 65 años, en un caso que podría tener implicaciones significativas para España y otros países del Consejo de Europa.
La sentencia del TEDH reconoce que el cambio climático afecta a todas las personas y que la inacción de los estados afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, el Tribunal Internacional de la Ley del Mar también ha reafirmado recientemente que los estados tienen la obligación de prevenir, reducir y controlar la contaminación producida por los gases de efecto invernadero y proteger el medio marino en el contexto del cambio climático.
Las organizaciones demandantes esperan que la justicia española responda a estos pronunciamientos y obligue al Estado a cumplir con sus responsabilidades climáticas. Si esto no ocurre, las organizaciones están dispuestas a llegar hasta Estrasburgo para que se acepten sus reclamaciones.
Inés Díez, la representante legal de Greenpeace ha declarado: «La vida y la salud de millones de personas en todo el mundo están gravemente amenazadas si no se actúa con urgencia y contundencia frente al cambio climático. Con este proceso estamos luchando por el derecho de las generaciones presentes y futuras a disfrutar de un medio ambiente en el que puedan desarrollar una vida digna».
La emergencia climática global
La actual emergencia climática que atraviesa el mundo, con temperaturas anormalmente elevadas e incendios cada vez más intensos, resalta la necesidad de actuar con urgencia y ambición. Las cifras son alarmantes: 2023 se situó 1,45 °C por encima de la temperatura de la era preindustrial, y los últimos 12 meses han sido los más calurosos al menos desde mediados de siglo.
Las organizaciones denuncian que España aún está lejos de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones que le corresponden, de acuerdo con su capacidad y su responsabilidad histórica en la emisión de CO2 a la atmósfera. El objetivo a alcanzar en 2030 debería ser del 55% de reducción de emisiones, en lugar del 32% propuesto en el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), tomando como base las emisiones de 1990.
Jaime Doreste, abogado de las entidades demandantes, concluyó diciendo: «Según recoge nuestra Constitución, las normas relativas a los derechos fundamentales deben ser interpretadas de conformidad con los tratados internacionales ratificados por España, por lo que entendemos que esta nueva interpretación que lleva a cabo la sentencia del TEDH debe ser plenamente acogida por el Tribunal Constitucional».
Ante este panorama, surge una pregunta inevitable: ¿Estamos haciendo lo suficiente para combatir el cambio climático y proteger nuestros derechos fundamentales? ¿Qué papel juegan los tribunales y la justicia en la lucha global contra el cambio climático?

