El sector agroalimentario español, un pilar sólido de la economía del país, se enfrenta a varios desafíos cruciales en el horizonte. Esta realidad se puso de relieve en la reciente feria Alimentaria de Barcelona, donde el sector demostró su fortaleza y potencial, al tiempo que señalaba las áreas que requieren atención urgente.
Fernando Moraleda, director de la Oficina Alimentaria de la consultora Llorente y Cuenca (LLYC), destacó tres desafíos principales: el cambio climático, la soberanía alimentaria y las legislaciones en constante cambio. Estos factores, argumenta, amenazan la producción de alimentos y el suministro de recursos vitales como el agua, al tiempo que ponen en peligro el acceso asequible a los alimentos básicos para toda la población.
Uno de los desafíos más urgentes es el cambio climático. Moraleda señala que las tendencias actuales en la dieta de los jóvenes están más influenciadas por modas como el veganismo o el animalismo que por la ciencia. Esto a su vez conduce a una mayor desinformación y una necesidad de mejor educación en torno a los temas de salud y alimentación.
La sequía es una preocupación compartida por los expertos del sector agroindustrial y científicos especializados como los del IRTA, el Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentària de Catalunya. Las proyecciones indican que para 2030, la disponibilidad de agua en la cuenca mediterránea se reducirá en un 20%, lo que plantea serios desafíos para la producción agrícola.
«La sequía es ahora una urgencia para la industria alimentaria española», advierte Robert Savé, investigador emérito del IRTA y exprofesor de Ecología en la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB). «Si no tomamos medidas con rapidez, no llegamos», agrega.
Moraleda sostiene que es necesario modificar las estructuras existentes para hacer frente a una sequía que se ha vuelto sistémica. Subraya que esta es una asignatura pendiente que requiere una respuesta política de alto nivel.
El consultor sugiere que el PERTE agroalimentario ha sido útil, ya que ha ayudado al sector a centrarse en programas de sostenibilidad e innovación. Sin embargo, insta a que esta orientación se refuerce con nuevos programas que amplíen la demanda de la industria alimentaria.
El Gobierno español ha anunciado una segunda convocatoria de este PERTE, después de que la primera adjudicara 163 millones de euros en subvenciones y más de 20 millones de euros en préstamos. El objetivo es proporcionar un total de 40 millones de euros en subvenciones y 10 millones en préstamos en la primera mitad de 2024.
Sara Bover, responsable del área de Industrias Alimentarias del IRTA, confirma que se están haciendo esfuerzos para reducir el impacto medioambiental del sector agroalimentario. Esto incluye la incorporación de tecnologías para un uso más eficiente del agua, la reducción de fertilizantes y plásticos, y la dependencia menos de los combustibles fósiles.
Moraleda añade que se están haciendo esfuerzos para asumir obligaciones en materia de envases, productos a granel en los supermercados y nuevos gravámenes o registros públicos. Sin embargo, advierte que en los próximos años habrá un intenso debate sobre qué estructuras deben ser modificadas en cuanto a las cuotas de producción de alimentos, los mercados de importación, la dimensión y concentración de las empresas alimentarias europeas y la regulación ambiental.
Por último, Moraleda concluye que es esencial avanzar de manera colaborativa a través de la cooperación entre todos los estratos del sector agroalimentario. Argumenta que las regulaciones de estos ámbitos inciden sobre el sector primario, la industria y la distribución, por lo que es fundamental abordar su impacto y respuesta desde una perspectiva de cadena y no como tres sectores diferenciados.