En medio de las celebraciones del Día del Orgullo, el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León se encontró en una disputa por la presencia de pancartas arcoíris en las ventanas de su oficina en la sede parlamentaria. Los socialistas sostienen que no violaron ninguna norma ni invadieron los espacios comunes al colgar las pancartas, las cuales fueron retiradas después de las celebraciones.
Carlos Pollán, el presidente de las Cortes, había pedido a los socialistas que retiraran la enseña con los colores que simbolizan la diversidad de la comunidad LGTBI. En respuesta, el Grupo Socialista argumentó que no colocaron banderas en los espacios compartidos del edificio, y citaron una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que establece que «la mera utilización de los colores arcoíris y su colocación en el balcón municipal, no vulnera la ley».
El papel de las pancartas y el debate sobre la libertad de expresión
El grupo socialista fue tajante al afirmar que las pancartas no pueden ser equiparadas con banderas oficiales, a pesar de la insistencia del presidente de las Cortes. Subrayaron que las pancartas se colocaron en las oficinas del Grupo Parlamentario Socialista, no en los espacios comunes, y que su acto fue un ejercicio legal de la libertad de expresión.
En su respuesta al presidente de las Cortes, los socialistas argumentaron que Pollán no hizo referencia a la violación de ninguna norma en su solicitud de retirar las pancartas, y que simplemente había utilizado «insultos poco dignos de la institución a la que representa».
El Grupo Socialista resaltó que la colocación de pancartas en sus dependencias no viola ninguna ley. Puntualizaron que tampoco lo hicieron las sucesivas proyecciones en la fachada de las Cortes de símbolos y eslóganes variados, ni la proyección de banderas oficiales de otros países. Según el requerimiento de Pollán, cualquier bandera que no sea la de Castilla y León o la de España, sobra.
Los socialistas refutaron las acusaciones de Pollán de invadir el espacio público con las pancartas, afirmando que se colocaron en las dependencias del Grupo Parlamentario Socialista y no en los espacios comunes. Aseguraron que lo que estaban haciendo era un «ejercicio legal de libertad de expresión» que no puede ser objeto de coacción ni ser tildado de falta de madurez o fruto de victimismo, como había sugerido el presidente de la Cámara.
En conclusión, el Grupo Socialista aseguró que no había violado ninguna norma al colgar las pancartas y no las banderas en sus espacios, y no en los comunes. Como resultado, comunicaron al presidente que las pancartas no serían retiradas hasta el final del Día Internacional del Orgullo LGTBI, lo que hicieron más tarde, según informaron fuentes del grupo.