El Consejo de Europa, una organización que representa hasta 46 países europeos, ha alcanzado un hito histórico. Tras dos años de negociaciones, este viernes ha aprobado el primer tratado internacional y vinculante para regular la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de controversia.
El tratado obliga a los Estados que lo han firmado a implementar medidas para «identificar, evaluar, prevenir y mitigar posibles riesgos» asociados a esta tecnología. Además, se espera que los países aseguren que la IA no se utilice para «atacar las instituciones y procesos democráticos». La normativa también enfatiza que la IA debe «respetar la igualdad, incluyendo la de género, prevenir la discriminación y proteger la vida privada».
A partir del 5 de septiembre, fecha establecida para la firma de este marco legal, los países signatarios podrán acogerse a las disposiciones ya establecidas o activar otras medidas equiparables.
El Consejo de Europa, que no pertenece a la Unión Europea, está compuesto por 46 países del continente y cuenta con otros seis Estados (EEUU, Canadá, Japón, México, Israel y el Vaticano) como observadores. Argentina, Australia, Costa Rica, Perú y Uruguay también han participado en las negociaciones.
A pesar de haberse forjado tras dos años de debate interno, el acuerdo ha suscitado críticas tanto de expertos en IA como de legisladores. Muchos denuncian que estas obligaciones para garantizar los derechos humanos no se aplican en casos de seguridad nacional. La adopción de sistemas como el reconocimiento facial en contextos policiales o en las fronteras es altamente problemática, pues puede acelerar la discriminación de comunidades particularmente vulnerables como los migrantes. La regulación de la IA de la UE también cuenta con esa controvertida excepción.
El 18 de abril pasado, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa emitió un comunicado en el que denunciaba que el acuerdo también excluye, en gran medida, al sector privado, responsable del desarrollo de los sistemas de IA. Ese «enfoque diferenciado», lamentaron, «crea una importante laguna». Los parlamentarios también propusieron incluir una disposición específica sobre salud y medio ambiente.
El miércoles, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó al Consejo de Europa a «reconsiderar» esas dos polémicas exenciones. Para el periodista Luca Betuzzi, esas críticas son una «clara señal de que la narrativa triunfalista (de las autoridades) no se corresponde con la realidad».
En este contexto, se subraya la importancia de la regulación de la IA, pero también se destaca la necesidad de que dicha regulación sea inclusiva y equitativa. La controversia que rodea a este tratado refleja la complejidad de la tarea, y subraya que el camino hacia un uso responsable y equitativo de la IA es un proceso en evolución. A medida que avanzamos en la era digital, es fundamental que continuemos cuestionando y refinando la forma en que regulamos estas potentes herramientas tecnológicas.