El PPdeG pide agilizar el traspaso de la AP-9 para evitar boicots

Los Diputados del PPdeG Temen Prolongación en Transferencia de la AP-9

A los diputados gallegos del PPdeG les preocupa que la tarea de lograr la transferencia de competencias y titularidad de la autopista AP-9 pueda eternizarse en su actual fase, la de presentación de enmiendas, por boicots como los que, denunciaron, la pasada legislatura realizaron el PSOE y sus socios de gobierno. En referencia a Sumar y Podemos, estos partidos prorrogaron el estadio hasta quince veces. Tras situar el avance en este proceso como una de las prioridades que tendrá su grupo en el recién estrenado curso político, han pedido a la Mesa del Congreso que en este mes, septiembre, se clausure el plazo para aportar réplicas.

El diputado popular Celso Delgado ha comparecido este miércoles en un acto frente a los medios para anunciar que tanto para él como para sus dos homólogos gallegos, Tristana Moraleja y Pedro Puy, dar pasos firmes en la transferencia a Galicia de la titularidad y las competencias sobre la AP-9 será un objetivo principal durante las próximas convocatorias del Congreso. Empezando por asegurarse de que los engranajes de su proposición de ley orgánica están en marcha: "Lo que queremos evitar es lo que sucedió en la pasada legislatura, en la que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, con sus grupos parlamentarios, boicotearon la tramitación (…) con hechos como prorrogar hasta 15 veces el plazo de presentación de enmiendas, el mismo que vuelve a estar abierto ahora", subrayó Delgado.

Avance en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible

Con eso en mente, ha proseguido, y después de haber sido tomada en consideración por el Congreso la propuesta de ley, tras su aprobación en el Parlamento el 18 de junio en su cuarto intento legislativo, su grupo pide que la iniciativa se active y que se cierre cuanto antes el plazo de presentación de enmiendas, para empezar a discutir el dictamen en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, que es la que tiene encomendada su tramitación. La cuestión se debatirá en una ponencia que ejercerán los tres diputados gallegos.

Desde el Partido Popular lamentan que la iniciativa legislativa haya visto reiniciado su proceso de tramitación en el Congreso después de llegar a acumular hasta quince prórrogas acordadas por los representantes del PSOE y Podemos en la pasada legislatura. Una serie de obstáculos que las filas populares tachan de sorprendente, en tanto que aquellos grupos bloquearon un texto literalmente idéntico al aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia. Fue la posición boicoteadora de los socialistas a lo largo de la pasada legislatura la que impidió que las Cortes aprobaran la Proposición de Ley Orgánica que haría efectiva la transferencia de la AP-9 a Galicia, incidieron en un comunicado.

La Postura del Gobierno: Una Cuestión Técnica

Precisamente, un día antes había afirmado ante los periodistas el portavoz de la ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, que la posición del Estado, que apuesta por mantener la gestión de la autopista en manos privadas en lugar de rescatarla o sacarla a concurso público, corresponde a una postura técnica de Abogacía del Estado que no atiende criterios políticos, como explicó el Ministerio de Transportes a la Comisión Europea en una carta remitida recientemente, defendiendo evitar el rescate por el perjuicio que causaría a las arcas públicas las compensaciones a la empresa adjudicataria.

Para Torrado, el debate en torno a la gestión de la AP-9 se divide entre la titularidad de la infraestructura y la ausencia de un coste por su uso, y los socialistas gallegos consideran lo segundo prioritario, recoge Ep. "Es más importante que se levanten las barreras a que el asfalto cante el himno", ha ironizado el portavoz; según ha dicho, que se transfiera la titularidad es importante pero la realidad es que en ese debate lo verdaderamente importante es la gratuidad de los peajes.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Transportes, se explica que el rescate de la autopista implicaría un coste elevado para las arcas del Estado, lo cual repercutiría negativamente en otros proyectos de infraestructura. Este argumento ha sido utilizado por el PSOE para defender su postura de mantener la gestión en manos privadas, un punto que ha generado controversia entre los diferentes grupos políticos.

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