La lucha por los derechos laborales no es exclusiva de una geografía en particular. Hoy, nos encontramos en Catalunya, donde un grupo de trabajadores de la Generalitat ha decidido alzar su voz para obtener una mejora en sus condiciones laborales. Con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, estos trabajadores pretenden que su causa se convierta en un elemento central de la campaña electoral.

El núcleo del problema radica en las delegaciones exteriores de la Generalitat, que siguen una regla fundacional que establece que el cuerpo de empleados estará regido por la ley laboral del país en el que opere. El sindicato La Intersindical denuncia que hay personas contratadas por la Generalitat que carecen de derechos básicos como la baja de maternidad o paternidad, vacaciones reguladas o permisos de conciliación por la muerte de un familiar o matrimonio.

Esta situación afecta a cerca de un centenar de trabajadores que operan en las 21 delegaciones exteriores de Catalunya. Las condiciones laborales varían de un país a otro. Por ejemplo, en Francia no está regulada la baja de paternidad. La situación se agrava para aquellos que trabajan fuera de las fronteras europeas. Un caso particularmente indignante denunciado por el sindicato es el de una trabajadora a quien se le negó la baja por maternidad debido a que reside en un país de África.

Marcel Bigas, secretario sindical de las delegaciones exteriores de la Generalitat dentro de La Intersindical, enfatizó que los trabajadores locales contratados por las delegaciones están sujetos a las regulaciones laborales de los países anfitriones. “No pedimos privilegios, estamos pidiendo que se nos garanticen los mismos derechos que tiene cualquiera, especialmente los trabajadores de la Generalitat”, reclamó Bigas.

La lista de demandas incluye ajustes salariales basados en la inflación, garantías de bajas de maternidad y paternidad, las mismas vacaciones que el resto de los trabajadores y que el Govern asuma el coste de la atención sanitaria en aquellos países donde es necesario pagar por ella.

Según Bigas, los trabajadores han estado presionando al departamento de Acció Exterior durante dos años para que se aborde su reclamación. A pesar de varias reuniones, no se han logrado avances significativos.

Por su parte, fuentes del departamento aseguran que se está trabajando en la situación. Su plan consiste en acordar un convenio laboral particular para cada una de las delegaciones. Según su informe, ya se han firmado 9 convenios, 3 están en negociación y 4 se discutirán pronto. Admiten que la situación es “compleja”, pero aseguran que se está gestionando.

Bigas y sus colegas ven la propuesta del departamento como insuficiente, pero mantienen su disposición a seguir negociando. Su objetivo es que este problema se convierta en una prioridad para el Govern después de las próximas elecciones.

Bigas resumió la situación diciendo que el Govern tiene la obligación de cuidar de sus trabajadores, independientemente de su ubicación. Esta situación complicada ha llevado a que una veintena de trabajadores hayan abandonado sus puestos de trabajo en los últimos dos años.

El secretario general de La Intersindical, Sergi Perelló, reafirmó el compromiso de los trabajadores con la representación de Catalunya en el extranjero. Sin embargo, insistió en que esto debe hacerse respetando los derechos de los trabajadores.