El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el miércoles que ha iniciado la segunda fase de la «guerra» que ha declarado a las bandas de crimen organizado desde principios de año. Esta nueva fase se manifiesta en la emisión de un nuevo estado de excepción que se aplicará a siete de las veinticuatro provincias del país y a un municipio de una octava provincia.
A través de un decreto, Noboa ha declarado el estado de excepción por un período de 60 días en las provincias costeras de Guayas, cuyo capital es Guayaquil, Santa Elena, Manabí, El Oro y Los Ríos, y las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana. Esta medida también se extiende al municipio de Camilo Ponce Enríquez, en la sureña provincia andina de Azuay, donde recientemente fue asesinado su alcalde.
Este nuevo estado de excepción reemplaza a uno anterior que se había implementado el 30 de abril en cinco provincias (Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro y Los Ríos) y que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional el 10 de mayo. La Corte consideró que la medida no estaba debidamente fundamentada.
«Hoy nos encontramos en la segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales, ante la ofensiva militar, se han resguardado y atrincherado en siete provincias», afirmó Noboa en un mensaje en video publicado en redes sociales para anunciar el nuevo estado de excepción. El Jefe de Estado enfatizó que «son las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía tengan libertad de acción».
El nuevo estado de excepción en los referidos territorios implica la suspensión de los derechos de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. También ordena a la autoridad nacional de Derechos Humanos reportar aspectos relativos sobre ataques armados o amenazas procedentes de las bandas criminales.
Este decreto no estipula la movilización de las Fuerzas Armadas para brindar apoyo a la Policía en operaciones contra el crimen organizado. Esta medida ya es de carácter permanente, sin necesidad de estados de excepción, después de haber sido aprobada en el referéndum celebrado el pasado 21 de abril, a petición de Noboa.
En este plebiscito, el mandatario recibió un amplio respaldo a una serie de nueve reformas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, pero vio rechazadas dos reformas en materia económica para legalizar los contratos laborales por horas y permitir arbitrajes internacionales con inversores en cualquier jurisdicción.
Desde principios de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. Al mismo tiempo, emitió un estado de excepción a nivel nacional que estuvo en vigor desde el 8 de enero hasta el 7 de abril. Durante este período, militarizó las cárceles, uno de los epicentros de la crisis de violencia del país al encontrarse muchas prisiones dominadas por las bandas criminales.
A las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, se les atribuye la ola de violencia que azota a Ecuador y que le ha llevado a figurar entre los primeros países de Latinoamérica con más homicidios, con una tasa de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
Estas medidas han generado críticas por parte de organismos internacionales. La organización internacional Human Rights Watch (HRW) envió una carta a Noboa para expresar que sus evaluaciones sobre ese primer estado de excepción determinaron que la declaración de «conflicto armado interno» no estaba suficientemente motivada y que esa medida contribuyó a serias violaciones de los derechos humanos.