Pablo Bustinduy insta a las Comunidades Autónomas del PP a aplicar la Ley de Vivienda para controlar el precio de los alquileres
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha urgido a los presidentes de las comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular, entre ellos el andaluz Juanma Moreno, a implementar la Ley de Vivienda. «Es la principal herramienta que disponemos actualmente para poder controlar el precio de los alquileres en el país», ha declarado en Málaga, donde ha mantenido una reunión con la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV).
Bustinduy ha defendido las medidas de su departamento para perseguir los pisos turísticos ilegales. «Tenemos herramientas para poder actuar», ha asegurado, haciendo hincapié en que «hay una Ley de Vivienda que permite declarar una zona tensionada y, en consecuencia, que se apliquen índices de referencia para controlar los alquileres». «Son las comunidades autónomas quienes deben tomar esta decisión», ha añadido.
Andalucía, la región con más pisos turísticos de España
El ministro ha situado el foco en la región del sur, destacando que Andalucía es la región con más pisos turísticos en toda España. También ha hecho referencia a la movilización ciudadana del pasado sábado en Málaga. «Andalucía es la comunidad con más pisos turísticos y, aquí en Málaga, se está convirtiendo en un desafío mayúsculo para las familias, para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda y puedan hacer efectivo el derecho a una vivienda digna», ha aseverado.
En Málaga, el número de alojamientos turísticos se ha incrementado por 14 en apenas ocho años. La oferta de pisos en alquiler turístico ya supera a la de pisos en alquiler residencial. «Esta situación está evidentemente descontrolada y es necesario actuar», ha insistido el ministro.
Bustinduy ha señalado que, hasta ahora, Cataluña «es la única comunidad autónoma que ha dado los pasos necesarios para poder introducir controles a los precios del alquiler según los índices de referencia establecidos por el Ministerio de Vivienda».
A pesar de que en España hay muchas ciudades que han manifestado su disposición de que estos índices se apliquen para reducir los procesos de intensificación de los precios y las barreras al acceso a la vivienda para las familias trabajadoras, «las comunidades autónomas aún no han querido hacer caso», ha afirmado Bustinduy.
El ministro ha criticado al PP por intentar «construir este relato según el cual el problema en España se debe a la Ley de Vivienda que ellos mismos no aplican». «Es necesario que las comunidades autónomas procedan a la declaración de zonas tensionadas, para que se pueda aplicar los índices de control de precios en las ciudades que están más afectadas por esta dinámica, que está generando dificultades cotidianas para la vida de millones de trabajadores en España», ha señalado.
Bustinduy ha remarcado que, además de presentar las iniciativas de su ministerio, ha acudido a la reunión para escuchar las quejas, prioridades y propuestas de los vecinos. «Especialmente en aquellos lugares que, como Málaga, son destinos turísticos». «No basta con declarar moratorias o simplemente introducir pequeños cambios regulatorios», ha añadido tras el anuncio del alcalde de Cádiz.
El ministro ha defendido que desde el Ministerio de Consumo se está actuando dentro de sus competencias, abriendo una investigación sobre la publicidad de las viviendas turísticas ilegales, con el objetivo de «perseguir la publicidad ilícita de viviendas turísticas que no tengan licencia para ello».
Publicidad ilícita
Para Bustinduy, «si alguien no tiene una licencia para abrir un bar, es inconcebible que abra un bar, obtenga beneficios con ello y, además, lo publicite; la misma situación se aplica con las viviendas turísticas». El ministro ha indicado que el primer paso de esta investigación, iniciada hace unas semanas, ha sido un requerimiento de información a las plataformas en las que se anuncian este tipo de viviendas y el segundo, «instar a los ayuntamientos de toda España a que colaboren y participen».
Ha invitado al Ayuntamiento de Málaga, a todas las ciudades andaluzas y de toda España que están afectadas por esta problemática, para que «se sumen, para que colaboren y cooperen en esta investigación».
Bustinduy ha recordado que ha propuesto la posibilidad de introducir el IVA en la actividad de los pisos turísticos (VUT) en España y que así tributen «como cualquier actividad comercial» para frenar el aumento de la oferta ilegal. «Debemos incentivar de todas las maneras posibles que se destine la vivienda al uso principal que tiene que tener, que es a que la gente viva en ella, mientras construimos más vivienda pública y alquiler social«, ha concluido.