Las empresas que no faciliten información salarial o contractual a los trabajadores que la soliciten podrán afrontar sanciones de hasta 7.500 euros por infracción. El Gobierno modificará la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) para considerar graves determinadas ausencias de información que hasta ahora podían castigarse con multas de hasta 750 euros.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, resumió la medida tras el Consejo de Ministros de este martes: «El secreto salarial hoy en España se ha acabado». El Ejecutivo aprobó, en plena campaña electoral, un decreto-ley que incrementa las obligaciones de las compañías.
Más transparencia en contrataciones y salarios
También serán consideradas infracciones muy graves las situaciones en las que una empresa solicite datos prohibidos o personales durante un proceso de contratación o ante un cambio de puesto dentro de la organización.
Las ofertas de empleo deberán incorporar la retribución o el nivel salarial correspondiente al puesto, así como el convenio colectivo aplicable. Además, las compañías no podrán preguntar a los candidatos por su salario presente o anterior.
La normativa permitirá igualmente que cualquier trabajador acceda a los sueldos medios de puestos equivalentes. Las empresas tendrán que aportar más detalles sobre los criterios empleados para establecer remuneraciones y promociones, además de reforzar las auditorías salariales y el control de la brecha salarial, que hace que las mujeres perciban un 15,74% menos que los hombres.
Dos meses de plazo para responder
El texto fija un plazo máximo de dos meses para que los empleados reciban la información solicitada. Asimismo, ningún trabajador podrá ser objeto de represalias ni de un trato desfavorable por ejercer sus derechos laborales.
Adaptación a las directivas europeas
Con estas medidas, el Ministerio de Trabajo refuerza la transparencia retributiva en línea con la directiva europea que el Gobierno debía haber aprobado antes del 7 de junio, un plazo al que llega tarde. Trabajo abrió el pasado verano una mesa de diálogo social para impulsar los cambios legislativos dirigidos a acabar con el secreto salarial.
Sin embargo, el Ministerio tuvo que rehacer su primera propuesta e incluir medidas de acompañamiento para las pymes tras las críticas recibidas tanto de la patronal como de los sindicatos. Estos últimos consideraban que el texto era «incompleto» y que suponía una oportunidad perdida para impulsar reformas de mayor calado. Horas después de la aprobación de la normativa, CC OO y UGT reconocieron que todavía no conocían la totalidad de los textos aprobados.
Nuevas garantías para los contratos a tiempo parcial
Junto a la transparencia salarial, el Gobierno ha aprobado los aspectos pendientes de la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, publicada con cuatro años de retraso. El pasado septiembre ya se endureció el periodo de prueba para que, por ley, no supere los seis meses salvo que exista una causa justificada recogida en convenio.
La norma aprobada este martes obliga a las empresas a retribuir las horas complementarias de los trabajadores a tiempo parcial aunque finalmente sean canceladas. Los empleados podrán rechazar tareas cuando no se respete el preaviso o cuando no se concrete el día y la hora en que deben realizarlas.
Las compañías tampoco podrán prohibir o limitar que sus trabajadores presten servicios en otras empresas, excepto por causas objetivas o mediante un pacto con el empleado que incluya una compensación económica.
El Ministerio de Trabajo considera concluida la adaptación de ambas normas. No obstante, los cambios deberán contar con el respaldo de la Diputación Permanente, para lo que el Gobierno aún deberá lograr el apoyo del PNV, además del conjunto de la izquierda.

