Nuevas garantías para los maquinistas
El Gobierno ha reforzado la capacidad de decisión de los maquinistas sobre la circulación ferroviaria en un contexto de crisis por la seguridad en la red. El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto-ley que reconoce expresamente el derecho de estos trabajadores a detener un tren o a no iniciar su marcha cuando detecten una situación de «riesgo grave e inminente».
La norma incorpora garantías para que los profesionales no sufran sanciones ni represalias laborales por tomar estas decisiones. El Ejecutivo concede así un respaldo legal específico a los maquinistas ante posibles peligros, después de que la sucesión de accidentes haya elevado la preocupación por la seguridad ferroviaria.
La medida no permite interrumpir un servicio sin causa justificada. Los maquinistas deberán apreciar un riesgo grave e inminente, adoptar medidas proporcionadas para evitarlo y comunicar su decisión sin demora a los responsables correspondientes. La regulación excluye los casos de dolo, mala fe o negligencia grave.
Medidas aprobadas durante la huelga de Renfe
La aprobación del decreto coincide con la primera jornada de huelga de maquinistas de Renfe, que ha causado importantes alteraciones en las redes de Cercanías y Rodalies. El nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, intensificó la semana anterior los contactos con las organizaciones sindicales para tratar de evitar las movilizaciones, aunque las negociaciones no lograron un acuerdo.
La urgencia del Ejecutivo se reflejó en el anuncio del pacto: el Ministerio de Transportes comunicó el decreto antes de la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, mientras se acumulaban incidencias en distintas líneas ferroviarias.
Fuentes sindicales indicaron que necesitan estudiar el texto aprobado antes de decidir si atiende sus reivindicaciones. También recuerdan que gran parte de las reformas incluidas proceden de los compromisos que Transportes asumió con los sindicatos en febrero. Por el momento, Semaf ha tendido la mano al Gobierno y ha aplazado del jueves 12 al día 23 el paro que tenía convocado.
El decreto recoge, entre otros asuntos pendientes desde febrero, el cómputo de las pausas inferiores a 45 minutos y la ampliación de la jubilación anticipada.
Canales confidenciales para comunicar incidencias
El texto crea asimismo canales confidenciales para informar de riesgos sin temor a represalias. No se impondrán sanciones por infracciones notificadas previamente si el trabajador ha cesado en la conducta y colabora plenamente en la investigación. Con esta medida, el Gobierno pretende facilitar la investigación de incidencias sin que los profesionales teman consecuencias laborales por alertar de ellas.
El cambio llega en un momento especialmente delicado para Renfe y Adif. El accidente de Urda (Toledo), ocurrido el pasado 28 de octubre y en el que murieron 69 personas, agravó una crisis que el ferrocarril ya arrastraba desde los siniestros registrados a comienzos de año.
Más inspección y cambios en los tiempos de conducción
Refuerzo de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria
Las nuevas garantías para los maquinistas se acompañan de una ampliación de las facultades de inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). La norma obliga a las empresas y entidades ferroviarias a facilitar a sus supervisores el acceso a instalaciones, trenes y equipos necesarios para desarrollar sus actuaciones, aunque estos pertenezcan a compañías distintas de la entidad inspeccionada.
Con esta modificación, el Gobierno amplía las atribuciones del organismo responsable de supervisar la seguridad del sistema ferroviario, cuyo fortalecimiento figuraba entre las demandas de los expertos del sector.
Las pausas de menos de 45 minutos contarán como conducción
En materia laboral, el decreto modifica la organización de los servicios ferroviarios. Las pausas inferiores a 45 minutos entre dos periodos de conducción pasarán a computarse íntegramente como tiempo de conducción, incluso si el maquinista ya no es responsable del vehículo, no tiene que atender a la circulación o permanece sin realizar actividad alguna.
La medida cambiará el cálculo de los tiempos de conducción y obligará a las operadoras a adaptar sus turnos. También se incluirán las maniobras con vehículos en movimiento, determinadas interrupciones durante pruebas y verificaciones, así como los periodos de conducción desarrollados en otras redes ferroviarias.
La modificación no entrará en vigor de inmediato: las compañías dispondrán de seis meses para adaptar su organización, pese a que esta cuestión formaba parte de los compromisos alcanzados con los sindicatos en febrero.
Jubilación y atención a las víctimas
El paquete aprobado por el Consejo de Ministros extiende los coeficientes reductores de la edad de jubilación a determinadas categorías profesionales de empresas que operan en líneas interoperables o en la Red Ferroviaria de Interés General.
La regulación busca equiparar las condiciones de jubilación de empleados que realizan las mismas funciones en distintas operadoras. Además, Transportes abrirá un proceso de revisión con participación sindical para analizar la incorporación de otras categorías expuestas a trabajos especialmente penosos, peligrosos, tóxicos o insalubres.
Por último, el Gobierno ha creado el Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, un cargo permanente con rango de subsecretario. Esta figura coordinará la atención a los afectados y a sus familias, con una estructura propia dentro del Ministerio de Transportes.
El organismo se encargará de coordinar la atención psicológica, social y jurídica. Su actuación no se limitará a los accidentes ferroviarios, sino que también incluirá los de aviación comercial, transporte marítimo de pasajeros y autobuses de competencia estatal.