El gobierno español continúa su esfuerzo constante para convertirse en el mayor accionista de la Telefónica, la empresa líder de telecomunicaciones del país. A través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un holding público que depende del Ministerio de Hacienda, el gobierno ha estado comprando acciones de Telefónica, en un intento por asegurar la identidad y autonomía españolas de la empresa.
La SEPI ha acelerado su compra de acciones, confirmando que ahora controla más del 9% de las acciones de Telefónica. Este logro representa una inversión de más de 2.000 millones de euros por parte del gobierno. Uno de los factores que impulsan esta estrategia es la entrada reciente de Arabia Saudí en el accionariado de la empresa española.
La SEPI ha informado a la SEC, el regulador del mercado de valores de los Estados Unidos, que posee más de 512 millones de acciones de Telefónica, que representan específicamente un 9,038% del capital. El costo promedio de estas acciones fue de 4,0177 euros por acción, lo que representa un gasto total de 2.059 millones de euros.
La creciente valoración de las acciones de Telefónica ha incrementado rápidamente el costo de esta estrategia gubernamental, superando el precio medio de 4 euros por acción. Sin embargo, una reducción de capital realizada por Telefónica, mediante la amortización de acciones para mejorar la retribución de sus accionistas, ha facilitado el rápido ascenso del gobierno en el accionariado.
Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda solo ha reconocido oficialmente haber realizado una inyección presupuestaria de 1.000 millones de euros a la SEPI para la compra de acciones de Telefónica. Sin embargo, se espera que las transferencias de fondos públicos al holding estatal continúen hasta que se alcance el objetivo del 10% del capital de la compañía.
El Consejo de Ministros aprobó en diciembre un movimiento significativo, autorizando a la SEPI a comprar una participación del 10% de la compañía. Esta es una estrategia para proteger una compañía que se considera estratégica debido a su relación con la seguridad nacional y la defensa. Este movimiento también marca el regreso del Estado al accionariado de Telefónica, un cuarto de siglo después de su total privatización.
El gobierno ya ha hecho su entrada en el consejo de administración de Telefónica. El consejo aprobó recientemente el nombramiento de Carlos Ocaña Orbis, un economista cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como representante de la SEPI. Para incorporar a Ocaña en el consejo sin alterar el número de consejeros, uno de los consejeros independientes renunció a su puesto.
La remodelación del consejo de Telefónica reducirá el número de consejeros independientes de diez a nueve. También habrá dos consejeros ejecutivos, tres consejeros dominicales (representando a Criteria, BBVA y ahora también a la SEPI), y un consejero externo. Esta remodelación y estrategia de inversión por parte del gobierno español refleja su deseo de mantener la identidad y autonomía de una de las empresas más importantes del país y de contrarrestar la influencia extranjera en su accionariado.