El Gobierno ha decidido hacer una revisión al alza de las previsiones macroeconómicas para el próximo año. Esto se traduce en un incremento de una décima en el crecimiento anticipado, llevándolo al 1,9%. Además, se ha producido una disminución de dos décimas en la reducción del déficit público, que ahora se sitúa en el 2,5% del PIB. Esta revisión se ha enviado a Bruselas, como parte de una actualización rutinaria.
El ministro de Economía, Comercio y Turismo, Carlos Cuerpo, ha proporcionado una explicación detallada de estos cambios. Afirma que las nuevas reglas fiscales europeas han entrado en vigor recientemente, eliminando la obligatoriedad de enviar la actualización del programa de estabilidad a cuatro años, así como el plan nacional de reformas.
A pesar de esto, el Gobierno ha decidido enviar a Bruselas una actualización del cuadro macroeconómico y de la senda fiscal inercial a dos años. Este procedimiento se ve como una «transición» hacia una fecha crucial, el 20 de septiembre. En este día, se debe enviar el plan fiscal estructural.
Se mantiene la previsión de un avance económico del 2% para el año 2024. Además, se ha comprometido a reducir el déficit público al 3% del PIB. Carlos Cuerpo cree que esta estimación es prudente y, a la luz de los datos de crecimiento del primer trimestre, podría estar sujeta a mejoras.
La demanda interna (consumo e inversión) seguirá siendo el motor principal de la economía. Este auge se verá respaldado por el despliegue de los fondos europeos y el sólido comportamiento del consumo privado. Este último se ve impulsado por la ganancia de poder adquisitivo, el aumento de los salarios y la creación de empleo.
La disminución del déficit se basa en un escenario inercial que prevé un aumento de los ingresos debido a la mejora de la actividad económica y el empleo. Esto permitirá alcanzar un superávit fiscal primario para 2025 (sin contar con los intereses de la deuda pública).
La recaudación por IRPF mejorará gracias al buen comportamiento del empleo, y la del impuesto de sociedades debido a los mayores beneficios empresariales. Mientras tanto, el IVA verá un incremento de ingresos del 2,4% debido al fortalecimiento del consumo y la eliminación de las medidas implementadas para mitigar la inflación.
El 20 de septiembre, España deberá enviar a la Comisión Europea un plan fiscal estructural de cuatro a siete años. Este plan debe detallar la estrategia para reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB y encaminar la deuda pública hacia niveles inferiores al 60% del PIB.
La actualización enviada mejora la ratio de deuda al 105,5% del PIB para 2024 y al 104,1% del PIB para 2025.
Antes del 20 de septiembre, en junio, Bruselas tomará una decisión sobre la iniciación de un procedimiento de déficit excesivo contra España. Esto se debe a que el balance de cuentas públicas de 2023 mostró un desajuste del 3,6% del PIB.
Según Carlos Cuerpo, la Comisión Europea proporcionará sus primeros cálculos para España en los próximos años. Esto ayudará a decidir si se debe seguir un marco de cuatro años o, a cambio de esos compromisos de inversiones, optar por un marco más gradual de siete años.
En cuanto a la necesidad de reformar la ley de estabilidad presupuestaria para adaptarla a las nuevas reglas fiscales, Cuerpo ha declarado que, a corto plazo, ambas tendrán que coexistir.