Drástica caída de inversión pública en infraestructuras en España
La inversión pública en el sector de las infraestructuras de España ha experimentado una caída dramática en la última década. Desde 2009, año en que se registró la mayor inversión estatal de 33.680 millones de euros, hasta 2022, la inversión ha disminuido un asombroso 64,8%, descendiendo hasta los 11.863 millones de euros. Este dato proviene del informe ‘El sector de la construcción en España: el impacto económico de la obra civil (2022)’, elaborado por PwC a petición de Seopan, la asociación que representa a las empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras.
Esta disminución en la inversión pública ha tenido un impacto significativo en el estado de las infraestructuras públicas de España. De acuerdo con el informe de PwC, si el ritmo de inversión actual se mantiene hasta 2030, cerca de la mitad de las infraestructuras públicas del país superarán los veinte años de antigüedad. Las infraestructuras hidráulicas, portuarias y viarias son las que más acusan este envejecimiento.
El impacto del declive en la inversión en infraestructuras
Desde 2012, el capital público invertido en el sector de infraestructuras ha retrocedido un 2,5%, situándose en 454.300 millones de euros. Esta cifra es aún más impactante si consideramos que se duplicó entre 1995 y 2012. PwC destaca que desde 2009, la inversión pública no se ha recuperado, dejando muchas infraestructuras sin el mantenimiento adecuado. En consecuencia, la inversión bruta no ha cubierto la depreciación del capital acumulado.
La caída en la inversión tiene también un impacto económico más amplio. En 2022, la obra civil representó el 13% de la producción del sector de la construcción, generando 23.500 millones de euros. De estos, 16.500 millones procedieron de la construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles; 4.100 millones del desarrollo de redes de agua, depuradoras o gaseoductos; y casi 3.000 millones de otros proyectos de obra civil. Estos proyectos contribuyeron de forma directa, indirecta e inducida en 18.350 millones de euros al producto interior bruto (PIB), generando casi 273.000 empleos y una recaudación de impuestos para el Estado de 6.200 millones.
Según cálculos de Seopan, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, España deberá invertir 241.000 millones de euros en obra civil en los próximos años. En el desglose de estas inversiones, el transporte requeriría la mayor parte con 51.400 millones, seguido del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con 54.175 millones y todos los Planes Hidrológicos, que necesitan 38.000 millones. Adicionalmente, la modernización del stock de capital público supondría un desembolso de 63.500 millones.
Si estas inversiones se ejecutaran íntegramente, se estima que tendrían un impacto en el PIB de 188.000 millones de euros y generarían 2,8 millones de empleos. Sin embargo, a la luz de la tendencia de la última década, parece poco probable que se alcancen estos niveles de inversión sin un cambio significativo en la estrategia de inversión pública.