La salida de prisión y la libertad vigilada hasta 2031

La familia de Leticia Rosino ha expresado su preocupación tras conocer que el joven condenado por su violación y asesinato, identificado como Diego, salió en primavera de la prisión alavesa de Zaballa, donde completó la última parte de una condena de ocho años.

Leticia Rosino, ingeniera técnica agrónoma de 32 años, residía en Castrogonzalo, un municipio zamorano de 430 habitantes, después de haber vivido en Londres. Trabajaba para una quesería industrial que exportaba a 36 países y proyectaba ser madre junto a su novio David.

El 3 de mayo de 2018, salió a pasear mientras hablaba por teléfono con un cliente francés y esperaba para ir a la piscina con su pareja. Durante ese recorrido fue atacada por la espalda por Diego, que entonces tenía 16 años y se encontraba al cuidado de un rebaño de 200 ovejas. El joven fue condenado por violarla y matarla con una piedra.

Según el relato de la madre de la víctima, Inmaculada, el condenado no ha pedido perdón, no ha abonado la responsabilidad civil derivada del crimen ni ha completado programas de reinserción.

La reclamación de la familia

Inmaculada, que mantiene el recuerdo de su hija mediante la Fundación Leticia Rosino, afirma que la familia no fue informada de su puesta en libertad. El entorno de la víctima ha reunido más de 130.000 firmas para reclamar un endurecimiento de la Ley del Menor.

La madre sostiene que las sanciones deben ser proporcionales a los hechos cometidos. «Mi hija está en un nicho del cementerio y su asesino, en libertad», lamenta. También explica que visita con frecuencia el cementerio y que el asesinato ha dejado a su familia «destruida».

Incumplimientos de las condiciones judiciales

Tras cumplir su condena, Diego quedó sometido a un régimen de libertad vigilada hasta 2031. Entre sus obligaciones figuran mantenerse localizable, comparecer periódicamente ante la autoridad judicial, comunicar de forma inmediata cualquier cambio de domicilio o empleo y participar en programas formativos.

De acuerdo con fuentes judiciales y policiales citadas en la información original, el joven habría incumplido en varias ocasiones esas condiciones durante los primeros cuatro meses tras su salida de prisión. Tiene prohibido acercarse a Castrogonzalo, donde murió Leticia, y a Tábara, localidad zamorana en la que reside la familia de la víctima.

El condenado, que ya tiene 24 años, se instaló en Vitoria. Allí tiene pareja y trabaja de forma esporádica en un bar. Desde mediados de agosto, el Juzgado de Menores de Vitoria y la Ertzaintza activaron la alerta al no lograr localizarlo ni obtener respuesta a sus llamadas durante varias semanas.

En septiembre, agentes de la Policía Local lo identificaron de forma casual en una vivienda distinta de su domicilio conocido, durante una actuación rutinaria. Las advertencias judiciales sobre una posible revisión de su régimen de libertad vigilada hicieron que volviera a atender las comunicaciones. La Guardia Civil, que dirigió la investigación del crimen, y la Ertzaintza mantienen su seguimiento.

Petición de mayor seguimiento en Álava

La situación llegó a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Álava (FAVA). Su presidente, Ángel Lamelas, solicitó que los cuerpos y fuerzas de seguridad desarrollen una vigilancia y un seguimiento adecuados, dentro de sus competencias y respetando las garantías legales.

La investigación y la condena

Cuando Leticia desapareció, su familia organizó batidas para localizarla. Según recuerda Inmaculada, Diego participó en ellas y se situó junto al novio de la joven, al que habría dirigido en sentido contrario al lugar donde se encontraba el cuerpo.

La familia localizó el cadáver antes de que, según su madre, el autor pudiera hacerlo desaparecer tras arrojarlo por un barranco. Una vez descartada la implicación de la pareja de Leticia, los investigadores centraron sus sospechas en el entorno de Diego. El joven señaló inicialmente a su padre, conocido como El Fostrón, quien fue detenido y posteriormente puesto en libertad al acreditarse su coartada. Finalmente, el menor fue arrestado y confesó la autoría.

En un contexto de fuerte indignación social, Diego aceptó la pena máxima prevista para menores: ocho años de internamiento, una duración equivalente a aproximadamente un tercio de las penas aplicables a adultos. Cumplió los dos primeros años en un centro cerrado para menores de Valladolid y, al alcanzar la mayoría de edad, fue trasladado a la prisión de Topas, en Salamanca.

Posteriormente fue destinado a Zaballa después de alegar que se sentía amenazado y de que, al parecer, contaba con familiares en el País Vasco. Desde 2023 permaneció interno en ese centro penitenciario alavés hasta completar la condena.

Un caso que reabrió el debate sobre la Ley del Menor

El asesinato de Leticia Rosino generó una amplia movilización en Zamora, tanto por el perfil de la víctima como por la edad del autor. La familia insiste en que continuará recogiendo apoyos para modificar la Ley del Menor y lograr que las penas sean, a su juicio, más acordes con la gravedad de determinados delitos.

La información también sitúa este caso entre los crímenes cometidos por autores de edad muy temprana en España, junto a otros episodios como el asesinato de una educadora social en Badajoz en marzo de 2025, el caso de Sandra Palo en 2003 y el conocido como caso del niño de la ballesta en Barcelona en 2015.