El problema de la okupación de viviendas es una de las más grandes preocupaciones que enfrentan muchos propietarios en la actualidad. Este problema puede surgir en cualquier momento y puede llevar a una serie de problemas legales y logísticos que pueden ser difíciles de resolver.
Según la Policía Nacional, si se produce la okupación de una vivienda, es crucial comprender que no se pueden interrumpir los suministros de agua, luz o gas a la propiedad. Hacerlo podría resultar en la comisión de un delito. Esta es una información importante para los propietarios que pueden verse tentados a tomar medidas drásticas en respuesta a la okupación de sus propiedades.
Para prevenir la okupación, los agentes de policía recomiendan tomar varias medidas. Estas pueden incluir el intercambio de información de contacto con los vecinos para que puedan ser localizados y advertidos si alguien intenta ocupar su vivienda. También se aconseja no publicar en las redes sociales imágenes de los planes vacacionales que impliquen que la vivienda estará vacía durante un período de tiempo. Además, se sugiere la instalación de mecanismos de seguridad, como por ejemplo, que la cerradura de la puerta sea «precortada».
El Proceso Legal de la Okupación
A pesar de estas medidas preventivas, todavía se dan casos de okupación en nuestro país. Cuando esto sucede, se inicia un proceso legal que puede durar varios meses hasta que se logre la expulsión de los okupas.
Como explican desde Zarzo Fincas, si los propietarios pueden demostrar que su inmueble ha sido ocupado en las últimas 48 horas, la policía puede proceder al desalojo sin necesidad de una orden judicial. En caso contrario, se inicia la vía judicial donde se puede interponer una demanda por la vía civil por desahucio o penal por un delito de usurpación de bienes inmuebles.
Los tiempos de resolución y desalojo de los okupas de la vivienda pueden variar. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2023 en Castilla-La Mancha, los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas tuvieron una duración media de 12,8 meses. En 2018, este tiempo era de 5,3 meses.
Estos datos son corroborados por el portal inmobiliario Idealista, que añade a estos procedimientos verbales las apelaciones de sentencias en las Audiencias Provinciales en procedimientos civiles. En ese caso, el Consejo General del Poder Judicial sitúa estas en Castilla-La Mancha en una media de 7,6 meses.
Por último, en Cataluña, el plazo total para la resolución de estos casos se eleva a un promedio de 20,4 meses. Este dato pone de relieve la gravedad y la complejidad del problema de la okupación en nuestro país.