El auge de la okupación de viviendas se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los propietarios en España. La situación puede ser especialmente desalentadora ya que, una vez que los okupas se instalan, el proceso legal para desalojarlos puede llevar varios meses. Sin embargo, es importante recordar que existen recomendaciones y estrategias que pueden ayudar a prevenir este delito y afrontarlo de la mejor manera posible en caso de que ocurra.

Según la Policía Nacional, una de las cosas que un propietario no puede hacer es cortar los suministros de agua, luz o gas a la vivienda ocupada. Esta práctica, a pesar de su aparente lógica, podría constituir un delito. Por lo tanto, se aconseja que los propietarios actúen siempre dentro de los límites de la ley para evitar complicaciones.

Para prevenir la okupación de una vivienda, los agentes de policía sugieren algunas medidas de seguridad. Una de ellas es intercambiar medios de contacto con los vecinos para poder ser localizados y avisados si alguien intenta cometer el delito. También recomiendan no publicar en redes sociales imágenes de los planes vacacionales, ya que estos pueden ser un indicativo de que la vivienda quedará deshabitada. Además, se aconseja instalar mecanismos de seguridad como, por ejemplo, que el bombín de la puerta sea «precortado».

Proceso legal y tiempos de resolución

A pesar de las medidas preventivas, la okupación de viviendas sigue siendo un problema en España. Cuando se produce, se inicia un proceso legal que puede ser largo y tedioso. Según Zarzo Fincas, si se demuestra que los okupas han ocupado el inmueble en las últimas 48 horas, la policía puede proceder al desalojo sin necesidad de una orden judicial. Si no es posible probar este hecho, se debe iniciar la vía judicial donde se puede interponer una demanda por la vía civil por desahucio o penal por un delito de usurpación de bienes inmuebles.

El tiempo que se tarda en desalojar a un okupa puede variar dependiendo de la región y de cada caso en particular. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Galicia los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas tuvieron una duración media de nueve meses en 2023. Esta cifra ha aumentado significativamente desde 2018, cuando la duración media era de 4,3 meses.

Estos datos son respaldados por el portal inmobiliario Idealista, que añade a estos procedimientos verbales las apelaciones de sentencias en las Audiencias Provinciales en procedimientos civiles. En este caso, el CGPJ sitúa la duración media de estos procedimientos en Galicia en 8,9 meses. Sumando ambos plazos, el tiempo total de resolución se eleva a 17,9 meses de media.

Estos tiempos de resolución, aunque parecen largos, son un indicativo de la complejidad del problema de la okupación de viviendas. Para los propietarios, es fundamental estar informados sobre este tema y tomar todas las medidas posibles para proteger su propiedad. A pesar de las dificultades, la ley ofrece herramientas para hacer frente a la okupación y es importante hacer uso de ellas para garantizar nuestros derechos como propietarios.