Las empresas estatales en el sector de la energía, en particular en el negocio petrolero y gasista, son una práctica común en todo el mundo. Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) controlan más del 80% de las reservas de petróleo globales, la mayoría de las cuales se gestionan a través de empresas estatales. Un ejemplo de esto es el emirato de Abu Dabi, el origen de la empresa Taqa, que está buscando adquirir Naturgy. No obstante, la participación estatal en las empresas energéticas también es común en el contexto europeo, donde todavía existen vestigios de antiguos monopolios públicos.
Diversos países como Francia, Italia, Alemania, Noruega y Suecia poseen empresas energéticas con participación estatal. En el caso de España, las empresas que poseen las redes de electricidad y gas, Red Eléctrica y Enagás, tienen participación estatal por medio de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta presencia estatal podría aumentar si el Gobierno decide neutralizar la entrada emiratí, como ya está haciendo con Telefónica tras la llegada de STC.
El nivel de control que cada Estado ejerce sobre estas empresas varía considerablemente. Algunos países, como Suecia, tienen el 100% de propiedad pública, mientras que otros, como Polonia, tienen una cuota minoritaria. En algunos casos, como el de Italia, la cuota estatal es minoritaria pero sigue siendo el principal accionista.
Muchas veces, este capital estatal proviene de los restos de antiguas propiedades públicas, resultado de una liberalización parcial del sector en los años 90. Empresas como la italiana Enel y la francesa Engie son ejemplos de esto. Sin embargo, también ha habido casos de nuevas nacionalizaciones, como el de EDF en Francia y Uniper en Alemania, como resultado de la crisis energética.
Algunos gobiernos ejercen su control a través de las llamadas ‘acciones de oro’, que otorgan derechos preferenciales de voto, más allá de la proporción del capital invertido. Esto permite a los Estados ejercer control sin comprometer capital. Un ejemplo de esto es una planta nuclear de nueva construcción en el Reino Unido, que es propiedad de EDF.
Las empresas estatales pueden beneficiarse de una serie de ventajas que están vinculadas a su propiedad y proximidad al Gobierno, según un artículo de la OCDE de 2018. Estas ventajas incluyen el apoyo a los precios, tasas de financiación preferenciales, garantías estatales, donaciones, subsidios directos, acceso privilegiado a la información, exenciones regulatorias, trato preferencial en adquisiciones públicas, apoyo a la diplomacia comercial y otras formas de apoyo. Sin embargo, este trato preferencial puede causar distorsiones en el mercado y afectar la competencia internacional.
En Francia, el mayor proveedor de electricidad es EDF, una compañía que desde mediados del año pasado es propiedad total del Estado francés. Este modelo de empresa pública permitió al Gobierno contener el precio de la luz durante la crisis energética, lo que ayudó a contener la inflación del país. Sin embargo, como resultado, EDF registró grandes pérdidas en 2022, lo que incrementó la deuda de la compañía y llevó a su completa nacionalización en 2023.
En Alemania, el gobierno decidió nacionalizar Uniper, el mayor importador de gas del país, en septiembre de 2022 para garantizar el suministro energético del país en medio de la guerra de Ucrania. Esta decisión fue impulsada por el recorte del suministro de gas por parte de Moscú, lo que obligó a Uniper a comprar gas a otros proveedores para poder cumplir con sus contratos.
En Italia, las dos grandes energéticas del país son Enel y Eni, ambas con una participación estatal minoritaria. Enel, la principal distribuidora y vendedora de electricidad de Italia, tiene un 23.6% de capital público. Eni, por su parte, domina el suministro de gas, con el ministerio de Economía y Finanzas italiano contando con el 32.3% de su capital.
En los países nórdicos, Noruega es el país con mayor capital público en sus empresas. La petrolera Statoil, renombrada como Equinor en 2018, es la empresa más grande de la nación, con una capitalización bursátil de más de 80.000 millones de euros. El Estado noruego posee el 67% de la propiedad de Equinor.
En Polonia, el Estado mantiene una parte importante de sus participaciones en empresas energéticas, como el primer productor de carbón, Katowic Holding Weglowy, y la Compañía Polaca de Petróleo y Gas (PGNIC), que tiene el 81% de la producción nacional de petróleo.