En un reciente auto publicado este sábado, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado a las operadoras de telecomunicaciones españolas bloquear la aplicación de mensajería instantánea, Telegram, en un plazo de tres horas desde la recepción de la comunicación judicial. Esta medida viene en respuesta a una denuncia presentada por Mediaset, Antena 3 y Movistar, que acusan a la red social de compartir contenido protegido por derechos de autor a través de sus canales, «dañando la propiedad intelectual» de las cadenas audiovisuales.

Es importante destacar que España no es el primer país en tomar medidas restrictivas contra esta aplicación. Otras naciones dentro y fuera de la Unión Europea ya han limitado el uso de Telegram. Mientras que los estados europeos han optado por intervenir canales específicos, países como Rusia, Irán y Somalia han vetado directamente el uso de la aplicación.

No obstante, la decisión de bloquear Telegram en España ha sido objeto de críticas considerables. Muchos la consideran una medida «desproporcionada», argumentando que causará «enormes perjuicios» para los millones de usuarios y empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas que difunden contenidos de forma lícita a través de sus canales en esta plataforma. Este es el caso de Facua, que ha emitido una advertencia sobre los posibles impactos negativos de este veto.

En la misma línea, el experto en derecho digital, Borja Adsuara, califica la medida como exagerada. En sus palabras, «Es como matar moscas a cañonazos porque afecta a derechos fundamentales de libertad de expresión y de libertad información». Adsuara cuestiona por qué no se toma una acción similar contra Whatsapp, una aplicación donde también se pueden encontrar grupos que comparten contenidos de todo tipo.

El Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería de España (CCII) también ha emitido un comunicado en el que califica la medida como «desproporcionada». Según Fernando Suárez, presidente del CCII, resulta «sorprendente» bloquear Telegram por una demanda de propiedad intelectual cuando en otros momentos ha habido investigaciones en materias como terrorismo, pornografía infantil o narcotráfico, que parecen más justificadas.

Por otra parte, el partido político Pirates de Catalunya ha anunciado que denunciará el bloqueo de Telegram ante la UE, considerándolo un acto de «censura» en el Estado español. Con la ayuda del abogado Josep Jover, el partido está preparando un requerimiento para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligue a las autoridades españolas a retirar dicho bloqueo.

Jover ha explicado que, a pesar de que el juez Pedraz haya dado un plazo de tres horas para el bloqueo de la aplicación, este proceso puede tardar varios días en completarse. Según él, «no es tan fácil bloquear un aplicativo así». El abogado está ultimando los documentos para presentar alegaciones ante el TJUE y prevé que se puedan cursar formalmente el próximo lunes.