El gobierno español está adoptando medidas para frenar las irregularidades en el sector de los alquileres de temporada, los cuales se han convertido en una válvula de escape para propietarios que buscan eludir las responsabilidades vinculadas a los alquileres residenciales. Además, el gobierno busca también controlar el creciente fenómeno de los pisos turísticos, que han generado un significativo malestar social y conflictos de convivencia en las comunidades de vecinos.
El fenómeno de los alquileres de temporada y los pisos turísticos ha sido objeto de debate en relación a su impacto en el encarecimiento de los alquileres. Aunque algunos sectores sostienen que estos factores no tienen incidencia en el incremento del precio de los alquileres, el Ejecutivo español, que el año pasado aprobó una ley de vivienda que incluye el tope de las rentas en las áreas designadas como tensionadas, cree que la regulación de los arrendamientos distintos a los de vivienda habitual, los cuales no están sujetos a tope de alquiler, puede ayudar a contener los precios.
Planes de Reforma y Regulación
A pesar de que gran parte de las competencias en este tema recae en los ayuntamientos y comunidades autónomas, el gobierno central está proponiendo una serie de medidas que están a su alcance. Una de estas propuestas implica una reforma a la ley de propiedad horizontal, con el objetivo de otorgar a las comunidades de vecinos la última palabra en lo que respecta al establecimiento de un piso turístico en su edificio.
Otra iniciativa propuesta es la creación de una plataforma única en la que se registren todos los inmuebles alquilados en modalidad turística, incluyendo aquellos que se alquilan a través de plataformas como Airbnb o Booking. Se espera que esta plataforma esté disponible antes de finales del próximo año, aunque la directiva europea que obliga a su creación permite hacerlo hasta diciembre de 2026.
Además, el gobierno está considerando implementar una medida que requeriría que los inquilinos de alquileres de temporada demuestren el motivo de su contrato. Esta medida se implementaría a través de un real decreto-ley que el gobierno espera tener listo después del verano, y que modificaría el artículo 3 de la ley de arrendamientos urbanos (LAU), que regula los alquileres de uso distinto a la vivienda habitual.
Los alquileres de temporada, que son aquellos con una duración inferior a 12 meses, deben tener siempre una causa justificada. Por ejemplo, un estudiante que se desplace desde su lugar de residencia para cursar sus estudios deberá justificar la duración del curso. De igual manera, un trabajador desplazado de forma temporal también deberá demostrarlo mediante documentación. Se espera que la nueva norma defina qué contratos pueden adscribirse a esta modalidad y qué condiciones o requerimientos se exigen a este tipo de inmuebles.
Es importante destacar que cuando un alquiler es de temporada, no está sujeto a la ley de vivienda que establece límites a las rentas en las denominadas zonas tensionadas para las residencias habituales. Hasta ahora, solo Catalunya ha implementado esta medida, a pesar de discrepar con la forma de calcular los límites. En abril, el Govern aprobó un decreto para regular los alquileres de temporada y por habitaciones para evitar que se convirtieran en un coladero, pero la medida no prosperó en el Parlament debido a la abstención del PSC y los votos en contra de Junts, Vox, Ciudadanos y el PP.