Una retrospectiva del cambio de postura del BNG sobre los pisos turísticos en Santiago
La filosofía contraria a los pisos turísticos que el BNG defiende en su gestión del concello de Santiago nada tiene que ver con la postura que este mismo partido mantenía hace seis años ante el mismo fenómeno.
La hemeroteca no olvida y los registros tampoco. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha experimentado un profundo cambio en su postura sobre los pisos turísticos en Santiago. Hace seis años, su filosofía era diametralmente opuesta a la que defiende en la actualidad. En ese momento, con Compostela Aberta en el gobierno local y Martiño Noriega como alcalde, los nacionalistas trataron de enmendar la modificación a través de la que el regidor intentó prohibir los pisos turísticos en la zona monumental de la ciudad. La medida finalmente fue tumbada por un juez.
El BNG de aquel entonces apelaba a los propietarios de este tipo de vivienda que se habían dado de alta en el registro de la Xunta (activo desde 2017), único requisito para emprender la actividad de forma regulada. En relación a la situación en la que quedaban los afectados por la modificación del plan especial liderada por Noriega, el BNG indicó en un documento datado en octubre de 2018 que «no se le puede achacar a los propietarios de las viviendas de uso turístico un incumplimiento de normas no definidas». Aquí se hace referencia al carácter retrospectivo que tenía la prohibición promovida por Raxoi, y que finalmente paralizó un tribunal.
Los nacionalistas compostelanos asumían que el texto inicial se debería modificar para aclarar la situación de inseguridad jurídica creada
Los nacionalistas compostelanos asumían que el texto inicial se debería modificar para aclarar que «dada la situación de inseguridad jurídica creada por la administración autonómica y por la municipal, y hasta que se aclare jurídicamente si es competente o no el concello para solicitar un título habilitante» estas viviendas podrían seguir funcionando.
El posicionamiento conecta con las declaraciones ofrecidas por la actual regidora de la capital gallega, que en varios encuentros con los colectivos afectados les trasladó su voluntad de regular los pisos turísticos activos en el registro autonómico, entre 650 y 800 en toda la urbe.
En la misma línea, el BNG se abstuvo en la modificación impulsada por el ejecutivo de Xosé Sánchez Bugallo el pasado invierno, cuando se decretó el cierre de las viviendas de uso turístico en buena parte del municipio. En concreto, su extinción en toda la almendra de la ciudad y su supervivencia únicamente en bajos y primeros de la zona nueva.
Con un alcalde aún socialista al frente, los contactos con las asociaciones de propietarios hacían pensar que una eventual llegada del BNG a Raxoi relajaría el escenario
En ese momento, con un alcalde aún socialista al frente, los contactos con las asociaciones de propietarios hacían pensar que una eventual llegada del BNG a Raxoi relajaría el escenario. Es más, portavoces de estas plataformas depositaron todas sus esperanzas en una ordenanza en la que -esperaban en base a estas conversaciones- se regularizase a todos los que tenían licencia autonómica y estaban funcionando desde antes de la citada modificación. La sorpresa, cuando la alcaldesa les comunicó que la situación no iba a variar una coma de la aprobada en pleno por Bugallo, fue importante.
Echando la vista atrás después de años de enfrentamiento con hasta tres ejecutivos distintos, los propietarios de estos pisos asumen sobre la política con las viviendas de uso turístico preexistentes que «donde dije digo digo Diego» para no ofrecerles una situación que, insisten, pelearán en los tribunales. Y lanzan una pregunta al aire que aún no tiene respuesta: «Qué pasará con las 4.000 plazas de alojamiento que Santiago dejará de ofrecer?»
La evolución de la postura del BNG ante los pisos turísticos en Santiago es un ejemplo de cómo las políticas pueden cambiar con el tiempo y según el contexto. En este caso, es evidente que las circunstancias y los intereses políticos han influido en la toma de decisiones del partido nacionalista gallego. Sin embargo, esta situación también deja en claro que la regulación de los pisos turísticos es un tema complejo y que requiere de un análisis cuidadoso para garantizar los derechos de todos los actores involucrados.
