«Contra Altri hay una caza política; quieren que la gente sea más pobre»

Altri, el proyecto industrial portugués, está apuntando a convertirse en uno de los temas más destacados de la legislatura actual. La cabeza visible de este proyecto es María Jesús Lorenzana, quien ha sido reasignada como líder de Economía e Industria en el nuevo gobierno de Alfonso Rueda. Lorenzana es una defensora apasionada de la planta propuesta por Altri, siempre y cuando respete la normativa ambiental. Según Lorenzana, gran parte de las críticas que se le han hecho al proyecto son infundadas y basadas en falsedades.

La legislatura ha comenzado nuevamente, con Lorenzana repitiendo su papel en Economía e Industria. Cuando se le preguntó sobre las directrices del presidente para su cargo, Lorenzana afirmó que la industria será un elemento clave para toda la legislatura. El objetivo es aumentar la base económico-industrial de Galicia, que actualmente representa poco más del 16% del PIB de la región. La meta es llegar al 20% para 2030, una meta que la Unión Europea ha establecido para todos los estados miembros.

Sin embargo, el proyecto Altri no ha estado exento de controversia. Lo que una vez fue un proyecto con apoyo político unánime ha dejado de serlo. Lorenzana sugiere que los críticos del proyecto, que originalmente apoyaron la idea de la fábrica en sus distritos, están tergiversando la verdad sobre los planes de la planta. Según Lorenzana, el proyecto siempre ha sido claro: la planta producirá celulosa, una parte significativa de la cual se utilizará para fabricar lyocell, mientras que el resto se venderá.

Altri promete ser la fábrica más grande instalada en Galicia en los últimos 50 años, comparable a Alcoa o Stellantis en términos de empleo e inversión. Sin embargo, las críticas al proyecto han incluido afirmaciones de que causará daños a las Denominaciones de Origen y al río local. Lorenzana rechaza estas afirmaciones como falsedades y desafía a los críticos a presentar pruebas en el periodo de alegaciones.

El presidente del Gobierno, en una reunión con Rueda en Moncloa, había comprometido fondos para Altri. Sin embargo, la decisión final de si Altri procederá o no depende de si la empresa puede obtener una financiación del 20% a fondo perdido. En última instancia, la decisión recaerá en el Gobierno y el PSOE.

Lorenzana también abordó las críticas de que el proyecto ha cambiado significativamente desde su presentación inicial. Según ella, estas afirmaciones son falsas y el proyecto siempre ha sido el mismo. En su opinión, las críticas se basan en una mala interpretación de los datos del proyecto, particularmente en lo que respecta a las dimensiones físicas de la fábrica. Lorenzana describe estas críticas como una «manipulación absoluta».

Respecto a las preocupaciones de que los fondos estatales para Altri puedan verse afectados por la presión del BNG o del PSdeG, Lorenzana insiste en que el proyecto está siendo examinado por un comisionado en Madrid que tiene suficiente nivel para evaluar el proyecto de manera objetiva, independientemente de la presión política.

Si la evaluación ambiental es favorable, la instalación de Altri en Palas podría ser segura. Sin embargo, esto también depende de la financiación. Si la financiación resulta ser un obstáculo, Lorenzana sugiere que el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) podría tener instrumentos interesantes para ayudar.

Lorenzana también abordó la cuestión de la moratoria del eucalipto, que finaliza en 2025. Según los datos del inventario forestal de Galicia, la capacidad de producción de eucalipto actual es más que suficiente para satisfacer las necesidades de Altri. Lorenzana ve esto como una buena noticia para las 80.000 familias que dependen del eucalipto para su sustento.

Finalmente, Lorenzana habló sobre los desafíos que enfrenta el sector eólico en Galicia, incluyendo las decisiones judiciales recientes que han llevado a un nuevo parón en la tramitación de los parques eólicos. Aunque respeta las decisiones judiciales, Lorenzana no las comparte y afirma que la Xunta está recurriendo. Según ella, esta situación está creando una inseguridad jurídica para los inversores y podría tener un impacto negativo en la industria de la región.