La campaña electoral para las próximas elecciones de la Unión Europea (UE), que se celebrarán el 9 de junio, está en marcha y, como era de esperar, los partidos de todo el continente están intensificando su presencia en Internet con una avalancha de anuncios políticos. El objetivo es claro: seducir a los aproximadamente 450 millones de personas que están llamadas a las urnas para decidir la configuración del próximo Parlamento Europeo. Sin embargo, esta práctica no está exenta de riesgos en lo que respecta a la integridad del proceso electoral.
De hecho, una coalición de organizaciones civiles de hasta ocho países, entre las que se encuentra la red catalana de activistas Xnet, ha alertado a la Comisión Europea de que la supuesta falta de transparencia de Google en lo que respecta a la publicidad política podría abrir la puerta a la manipulación de los votantes de la UE. En una carta pública, la alianza de grupos en defensa de los derechos digitales señala que Google, uno de los principales espacios donde se contrata la publicidad digital, no está recopilando adecuadamente todos los anuncios políticos relevantes. Esto, argumentan, dificulta una supervisión eficaz por parte de los organismos de control e investigadores, y abre la puerta a una posible manipulación encubierta.
El análisis de estas organizaciones, centrado en los anuncios políticos en seis Estados miembros de la UE, destaca importantes problemas en relación con la funcionalidad del repositorio de anuncios de Google. Por ejemplo, el Centro de Transparencia de los Anuncios de la compañía incluye únicamente «anuncios electorales» en lugar de «publicidad política», y no incluye los anuncios a nivel regional o local. Estas «deficiencias» acarrean riesgos considerables. La clasificación más restrictiva de Google puede permitir inadvertidamente intentos encubiertos y potencialmente ilegítimos de influir en los resultados electorales.
Un caso concreto de esto es el Gobierno de Hungría, encabezado por Viktor Orbán. Según el medio Balkan Insight, este gobierno habría interferido en la política de otros Estados miembros a través de campañas publicitarias en línea contra la inmigración. Dichos anuncios, difundidos con una «amplia financiación» en pleno periodo electoral, «se aprovecharon de la deficiente política publicitaria de Google».
El entorno digital ha permitido que los anunciantes, ya sean partidos políticos o empresas, utilicen los datos de los usuarios para conocerles mejor, delimitar su público objetivo y bombardearlo con publicidad personalizada. Esta segmentación permite dirigir los anuncios a aquellas personas más susceptibles de estar interesadas, lo que aumenta su eficacia. Sin embargo, en el contexto de unas elecciones, este método puede entrañar ciertos riesgos, como que los partidos engañen a los votantes o traten de desmovilizar a los de sus rivales.
Las organizaciones que denuncian la opacidad de Google consideran «esencial para la preservación de las garantías democráticas» que el público sepa «quién está detrás de los anuncios políticos, así como de cómo y por qué se dirigen a ellos». Sin embargo, sostienen que la presunta falta de claridad de la compañía les dificulta esta tarea de fiscalización, que es «crucial para una toma de decisiones informada en una sociedad democrática».
Por todo ello, estas organizaciones piden «encarecidamente» a Google que cambie sus normas para permitir que investigadores externos puedan acceder a su biblioteca de anuncios. Esto permitiría rastrear y documentar la actividad publicitaria en línea de los partidos políticos de la UE, lo que a su vez ayudaría a detectar posibles prácticas irregulares.