En un paso significativo hacia la justicia para los consumidores, el Juzgado Mercantil número 2 de Valladolid ha admitido una demanda que podría cambiar la forma en que se hacen las cosas en la industria automotriz en España. La demanda, que fue presentada por más de 13.000 personas, está dirigida contra un cartel de automóviles, y se buscan alrededor de 47 millones de euros en indemnizaciones por el sobreprecio pagado en la compra de automóviles entre 2006 y 2013.
Este cártel de coches no es una pequeña operación clandestina. Más del 90% de los fabricantes del mercado español fueron parte de este acuerdo que buscaba reducir la competencia. Entre las marcas implicadas se encuentran nombres de gran peso en la industria como Renault, Seat, Toyota, Citroën, BMW, Opel, Kia y Audi. El cártel fue expuesto tras la confesión del grupo Volkswagen (VW), que logró eludir el pago de la multa impuesta en 2015 por las autoridades de competencia a cambio de su cooperación.
La demanda es coordinada por Cartel Damage Claims (CDC), y está representada por Redi Abogados. Andoni de la Llosa, experto en derecho de la competencia en Redi Abogados, explicó que la demanda se ha presentado específicamente contra Renault, Fiat y la matriz de Stellantis (Peugeot, Citroën). El caso se lleva a los juzgados de Valladolid debido a su experiencia en casos de cárteles y porque están menos colapsados.
En casos de cárteles, se aplica el concepto de responsabilidad solidaria. Esto significa que el deudor puede reclamar a cualquier integrante del cartel, y todos deben afrontar en conjunto las penas impuestas o ajustar cuentas internamente. Los compradores de vehículos con matrículas entre DVF y HVF podrán obtener una media de entre 1.500 y 2.000 euros.
Los afectados tienen hasta 2026 para presentar una demanda o reclamación, aunque algunos jueces consideran que el caso ya está prescrito. Sin embargo, el hecho de que ningún cliente reclamase antes de la sentencia del Supremo en 2021 es un argumento de peso para ampliar el plazo general legal de las reclamaciones hasta 2026.
A pesar del gran número de compradores afectados (estimado en 7,9 millones de personas), el número de reclamaciones presentadas es muy pequeño. Al canalizarse la reclamación de manera colectiva, los 13.000 afectados de esta última reclamación colectiva han logrado evitar costes iniciales y mayores riesgos judiciales.
Según la investigación de la CNMC, las marcas intercambiaban información confidencial, coordinaban los márgenes de descuento de los concesionarios y evitaban ofertas agresivas. Entre 2006 y 2013, todos pagaron un sobreprecio. En una crisis como la del 2007-2008, el precio de los coches subió una media del 1%, un movimiento que no tenía ningún sentido económico.
A pesar de las sanciones, los cárteles siguen operando porque les sale más rentable, según De la Llosa. La competencia efectiva sigue siendo escasa, y aunque algunas prácticas, como retrasar innovaciones técnicas para eludir mayores costes, son discutibles, lo que es ilegal es que las marcas se pongan de acuerdo entre ellas.