El debate en torno a las peticiones de información aprobadas por la comisión de investigación sobre los contratos de emergencia en pandemia ha tomado un giro inesperado. Los letrados del Congreso han planteado objeciones a 41 de estas solicitudes, incluyendo una treintena que se refieren a familiares de Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.
Los servicios jurídicos del Congreso sugieren que 31 peticiones deberían ser eliminadas de la lista aprobada hace dos semanas por la comisión, que incluía propuestas del PSOE y sus aliados parlamentarios. Esta decisión se tomará el próximo lunes en una sesión a puerta cerrada.
Entre las objeciones presentadas por los letrados, se encuentran once peticiones que, en su opinión, no deberían ser cursadas por referirse a asuntos ajenos a la investigación, afectar a personas que no son altos cargos, o simplemente por estar mal planteadas.
El informe redactado por los letrados, al que Europa Press tuvo acceso, destaca que más del 75% de las peticiones a las que se oponen están relacionadas con Isabel Díaz Ayuso y fueron propuestas por el PSOE. Estas solicitudes solicitan información a la presidenta madrileña, a la institución, a la Agencia Tributaria, a empresas vinculadas a sus familiares, al empresario Enrique Sarasola, o al Ayuntamiento de Madrid, entre otros.
Los letrados también han planteado objeciones a seis peticiones relacionadas con Sismédica SL, una empresa que Ayuso comparte con su hermano. Según ellos, no existe ninguna relación entre esta empresa y la contratación de material sanitario durante la pandemia.
Además, los letrados consideran que no es relevante para la investigación que el Congreso acceda a certificaciones del Registro de la Propiedad sobre las propiedades inmobiliarias de Ayuso, su hermano o su pareja, y tampoco a la documentación solicitada al empresario Enrique Sarasola sobre el alquiler, cesión o uso de sus hoteles por Ayuso u otros miembros de su gobierno.
La lista de solicitudes aprobadas por la comisión también incluía varias relativas a empresas a las que está vinculado el novio de Ayuso, Alberto González Amador, pero los servicios jurídicos proponen dejarlas fuera por no ver relación con los contratos para la compra de material sanitario.
Otras peticiones que los letrados consideran irrelevantes se refieren a la documentación sobre la venta de material de iluminación o de otro tipo que Artesolar Iluminación SA, en la que trabajó el hermano de Ayuso, haya vendido al gobierno madrileño. Nuevamente, los letrados recalcan que lo que se investiga es la contratación de material sanitario.
En definitiva, los letrados del Congreso han planteado objeciones a una gran parte de las solicitudes de información aprobadas por la comisión de investigación. Sin embargo, la decisión final sobre si se mantienen o se eliminan estas peticiones se tomará en una próxima sesión a puerta cerrada.