La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que representan el 70% de la fuerza laboral en esta área, ha expresado su preocupación en torno a la propuesta de «financiación singular» catalana que busca recaudar y gestionar todos los tributos pagados en esta comunidad autónoma. Según esta asociación, dicha propuesta es «inconstitucional» y tendría graves repercusiones para el resto de las comunidades autónomas, así como para la Agencia Tributaria (AEAT). Además, sostienen que esta propuesta podría ser perjudicial para la lucha contra el fraude fiscal en España.
En el marco legal vigente, que incluye la Constitución, la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) y la ley que regula este sistema de financiación (Ley 22/2009 del 28 de diciembre), no existe ninguna cobertura legal para la cesión del 100% de los tributos recaudados en Cataluña. La razón es que hay ciertos tributos, como el Impuesto de Sociedades, para los cuales no se prevé su cesión en ninguna de estas normas. Asimismo, no se refleja esta posibilidad ni en el Estatuto de Cataluña ni en la ley de cesión de tributos de 2010.
El portavoz de la asociación, José María Peláez, explicó en una rueda de prensa que el marco legal actual no permitiría la cesión, a menos que se modifique la LOFCA y se establezca un apartado singular para Cataluña. Sin embargo, esta medida incumpliría el principio de igualdad y solidaridad entre regiones, establecido en la Constitución. Esto se debe a que la comunidad catalana contribuiría en menor medida a las finanzas estatales, otorgándole «privilegios».
La propuesta del Govern catalán establece un fondo para sufragar los gastos comunes del Estado, como la Casa del Rey, el Ejército, entre otros, y otro para garantizar el equilibrio territorial. Sin embargo, los inspectores sostienen que estos fondos no cubrirían la contribución que actualmente se realiza al fondo de compensación interterritorial y de garantía de servicios públicos esenciales. De esta manera, los catalanes podrían tener acceso a servicios públicos, como la educación y la sanidad, que no estarían disponibles para otras comunidades autónomas en España.
Cataluña representa alrededor del 20% del PIB nacional, por lo que si esta región retiene toda la recaudación impositiva, el resto de las comunidades recibirían un menor importe de estos fondos. En este sentido, los inspectores advierten que si la propuesta catalana se aprueba, podría motivar a otras comunidades ‘ricas’, como Madrid y Baleares, a seguir el mismo camino, lo que dejaría sin fondos para repartir al resto de las comunidades. Según Peláez, esto privaría al Estado de lograr una cohesión social y territorial entre todas las comunidades y sus ciudadanos.
Además, la cesión de todos los impuestos implicaría la desaparición práctica de la agencia tributaria en Cataluña, lo que conllevaría una falta de información y recursos laborales, que actualmente ascienden a unos 5.000 trabajadores. Esto podría conducir a un aumento del fraude fiscal, dado que la AEAT tendría una información mucho más fragmentada. Peláez advierte que Cataluña podría convertirse en un «agujero negro informativo», similar a lo que ocurre con las comunidades forales.
La lucha contra el fraude fiscal de la Agencia Tributaria supone aproximadamente 15.000 millones de euros anuales. Según el cálculo basado en la proporción del PIB, Cataluña representaría unos 3.000 millones de euros. La presidenta de la asociación, Ana de la Herrán, sostiene que en un mundo cada vez más globalizado, donde se proponen inspecciones conjuntas desde el ámbito internacional, resulta difícil entender la propuesta de fragmentar el sistema de información y bases de datos de la Agencia Tributaria.