El popular servicio de mensajería instantánea Telegram seguirá operativo en España tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de suspender el bloqueo que había ordenado en un principio. La medida, dictada el pasado viernes, fue suspendida el lunes para permitir que el juez conozca el contenido de un informe solicitado a la Comisaría General de Información. El informe en cuestión se centra en el impacto que podría tener un bloqueo de la aplicación en sus usuarios.
La decisión de bloquear Telegram se tomó a petición de Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus, quienes alegaron un supuesto uso no autorizado de contenido audiovisual protegido por derechos de autor. A raíz de esta demanda, el juez Pedraz emitió una resolución en la que daba un plazo de tres horas a los operadores españoles para suspender todos los recursos asociados a la aplicación. Sin embargo, este requerimiento nunca se llegó a ejecutar, según informaron fuentes jurídicas.
El juez Pedraz consideró el bloqueo de la aplicación como una medida necesaria, idónea y proporcional para detener la reiteración de los hechos denunciados. Esta decisión se basó en la falta de cooperación de las autoridades de las Islas Vírgenes, donde se encuentra la sede de Telegram, a pesar de una solicitud de información sobre ciertos datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para la violación de los derechos de propiedad intelectual.
La resolución del juez explicaba que para llevar a cabo la investigación de manera efectiva, era necesario que las Islas Vírgenes cumplieran con la petición de información sobre los usuarios de Telegram. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha recibido ninguna noticia sobre el cumplimiento de esta solicitud de cooperación internacional, lo que ha dejado pendientes numerosas diligencias de investigación.
El incumplimiento reiterado de la petición enviada a las Islas Vírgenes el 28 de julio de 2023, señalaba el juez, impide la continuación de la instrucción del caso. En dicha solicitud, se pedía a Telegram que proporcionara ciertos datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de los derechos de propiedad intelectual.
Según el juez Pedraz, la falta de colaboración de las autoridades de las Islas Vírgenes obligó a adoptar las medidas cautelares solicitadas por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus. En su opinión, estas medidas cautelares eran las únicas posibles ante la falta de cooperación de las autoridades de las Islas Vírgenes. «No existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados«, enfatizó.
El magistrado añadió que la medida acordada es idónea porque su ejecución podría poner fin a la infracción de los derechos de propiedad intelectual denunciados e impedir el acceso a través de la red a los contenidos protegidos por dichos derechos. La medida tiene apoyo legal en el artículo 13.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por todo ello, el juez consideró que la medida cautelar solicitada estaba justificada porque es necesaria para poner fin a la infracción denunciada, es proporcional e idónea para el fin perseguido y está expresamente contemplada por la ley.