Análisis

El debate sobre las pensiones parece no admitir verdades incómodas. Ninguno de los candidatos en liza, según este análisis, se atreve a exponer la situación tal y como es, ante la relevancia electoral y social de un sistema del que dependen muchas personas.

Promesas electorales frente a la realidad del sistema

Pedro Sánchez, sostiene el autor, evita hacer cuentas o no las necesita: su prioridad serían los votos, y explicar la realidad de las pensiones no ayudaría a obtenerlos. Ada Colau, añade, quizá conozca esa realidad, pero asumirla le supondría perder los pocos votos que aún conserva.

Alberto Núñez Feijóo promete mantener el nivel de las pensiones e incluso actualizarlas conforme al IPC. Sin embargo, el artículo considera que ya tendría preparado un cambio de postura: tras una eventual auditoría de las cuentas públicas, podría alegar que su deterioro obliga a actuar y plantear un ajuste parcial. Sería, en opinión del texto, una medida insuficiente para resolver el problema, aunque permitiría aplazarlo durante algunos años con el menor coste político posible.

Sobre Santiago Abascal, el análisis afirma que no necesitaría entrar en esta cuestión porque el rechazo de sus seguidores a Sánchez sería suficiente. La consecuencia, según el autor, es que los asuntos de fondo quedan relegados.

Un desequilibrio financiero creciente

El sistema de pensiones se encuentra, según el artículo, en una situación tan deteriorada que carece de una solución definitiva, aunque su importancia impide que se afronte abiertamente. La Fedea ha advertido de que las pensiones son «financieramente insostenibles».

El déficit alcanza ya el 4% del PIB y continúa creciendo. La factura de las pensiones ha aumentado un 68% en diez años, mientras todavía está pendiente la jubilación de la generación del baby boom.

Trasladar el problema a los Presupuestos Generales mediante transferencias es, para el autor, un remedio meramente temporal. Los presupuestos ya soportan una elevada presión y se necesitan 42.000 millones de euros para cubrir el desfase. Esa cifra aumenta cada año y, de acuerdo con el análisis, el deterioro supera el gasto de cualquier otro ministerio. Tampoco se habría calculado con precisión el coste adicional de la «fiesta electoral» vinculada a consejos de ministros extraordinarios y nuevas medidas de gasto.

Las limitaciones para encontrar recursos

Europa no aportará más fondos, tras haber entregado ya 140.000 millones de euros. Al mismo tiempo, no existe voluntad de recortar otros gastos sociales ni de reducir el número de funcionarios. El texto considera insuficiente la reducción del gasto superfluo y sostiene que una subida tributaria de la magnitud necesaria convertiría a España en un «infierno fiscal», del que huirían emprendedores, ricos y no tan ricos.

Las medidas que plantea el análisis

El autor reconoce que se le reprocha criticar sin ofrecer soluciones, pero plantea varias. La primera es admitir que España lleva muchos años viviendo por encima de sus posibilidades, al generar menos riqueza de la que consume. La segunda es dejar de acumular déficit, una dinámica que se prolonga desde hace más de una década.

La AIReF advierte, sin ambages, de un próximo incumplimiento de las reglas europeas de gasto, que ya fueron ampliadas y no volverán a ampliarse. Además, el artículo sostiene que las pensiones españolas son, en términos generales y comparadas con las de países próximos, generosas.

No es cierto, señala el análisis, que el Estado se limite a devolver lo cotizado: los hombres perciben de media 50.000 euros más de lo que aportaron, mientras que en el caso de las mujeres esa diferencia alcanza los 103.000 euros.

La conclusión propuesta pasa por apretarse el cinturón: trabajar más —pese a la oposición que el autor atribuye a la señora Díaz—, pagar más impuestos sin perjudicar la inversión, ahorrar, consumir con prudencia y viajar menos. El problema, remata, es incorporar estas medidas a un programa electoral y comprobar la reacción de los ciudadanos.