La Comisión Europea detecta deficiencias en la transposición de la normativa
La Comisión Europea ha pedido a España que intensifique la lucha contra el fraude de fondos europeos. Bruselas ha decidido remitir al país una carta de emplazamiento complementaria al considerar que la legislación nacional no ha incorporado correctamente las normas comunitarias destinadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea.
Según la Comisión, España no contempla de forma adecuada el delito de malversación de fondos de la UE y establece una pena máxima de prisión inferior a la exigida por la directiva comunitaria.
Dos meses para corregir las carencias señaladas
Bruselas considera que esta normativa constituye una pieza clave en la lucha contra el fraude en la Unión Europea, al proteger el presupuesto comunitario y armonizar las definiciones de los delitos, las sanciones y las normas de competencia. La directiva también establece las bases para la competencia de la Fiscalía Europea.
El plazo para trasladar esta norma al ordenamiento interno venció en 2019. Dos años más tarde, la Comisión ya envió una carta de emplazamiento a España en la que advertía de varias deficiencias, entre ellas las relacionadas con la definición de corrupción.
En esta nueva comunicación, la Comisión concede a España dos meses para corregir los problemas identificados. Si la respuesta no resulta satisfactoria, Bruselas podría emitir un dictamen motivado y, como último paso, llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Requerimiento adicional sobre criptoactivos y transparencia fiscal
La Comisión Europea también ha solicitado a las autoridades españolas que apliquen plenamente las nuevas reglas europeas de transparencia fiscal e intercambio de información entre administraciones tributarias en relación con los criptoactivos.
Bruselas subraya que la dimensión transfronteriza de estos activos exige cooperación administrativa para garantizar una liquidación y recaudación eficaz de los impuestos sobre las rentas y las ganancias de capital. La institución ya remitió cartas de emplazamiento a España en 2026 por no aplicar las normas de esta directiva, cuyo cumplimiento sigue sin ser pleno.
Posibles sanciones financieras
La Comisión destaca que es fundamental que todos los Estados miembros tengan esta regulación operativa para reforzar la transparencia fiscal y combatir la elusión y la evasión fiscal en las rentas de inversión. Si España no adopta las medidas necesarias, Bruselas podría remitir también este asunto al TJUE, que tendría la capacidad de imponer sanciones financieras al país.

