El Ministerio de Consumo ha iniciado un expediente sancionador contra una empresa de autobuses por posibles prácticas engañosas en la información sobre los precios y por la aplicación de cláusulas potencialmente abusivas.

Posibles irregularidades en la venta de billetes

La Dirección General de Consumo ha apreciado indicios de dos actuaciones que podrían calificarse como prácticas desleales. La primera se refiere a la falta de información sobre el precio final completo de los billetes, ya que los gastos de gestión se añadirían en la fase final del proceso de contratación.

Este sistema, denominado «precio por goteo» o drip pricing, implica que el importe total no se muestra durante la contratación por internet hasta que el usuario ha facilitado sus datos y avanzado en la compra. Según Consumo, esta práctica puede dificultar la libertad de elección de los clientes y la comparación de tarifas entre distintas compañías.

Reembolso de los gastos de gestión

La segunda posible infracción está relacionada con la devolución de importes cuando se cancela un trayecto. La empresa no estaría reintegrando los gastos de gestión a los consumidores que anulan su viaje, una conducta que se considera potencialmente abusiva al no devolver el precio concreto del billete.

Multas de hasta un millón de euros

La primera de las infracciones podría ser castigada con una multa de hasta 100.000 euros, o con una cuantía de entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito presuntamente obtenido. En el caso de la segunda irregularidad, la sanción podría llegar a un millón de euros o situarse entre seis y ocho veces la ganancia indebida.

Así lo ha comunicado el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, que recuerda que la apertura del expediente no anticipa ni determina el resultado final del procedimiento sancionador.

El «precio por goteo», prohibido por ley

La práctica del «precio por goteo» quedó prohibida mediante la Ley SAC, de Servicios de Atención a la Clientela, impulsada el pasado año por el Ministerio de Consumo. Esta norma introdujo cambios en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

La legislación establece que los gastos de gestión integran el precio final del producto o servicio, por lo que deben figurar desde el inicio de cualquier comunicación comercial.

Este es el segundo expediente sancionador abierto por Consumo en lo que va de año por una posible información engañosa sobre precios. Durante el verano, el ministerio inició otro procedimiento por la misma práctica contra una compañía que vende billetes de avión, tren, ferri y autobús, al no mostrar el importe final desde el comienzo de la contratación.