Operación contra las bajas laborales presuntamente fraudulentas

La Policía Nacional ha detenido a 73 personas residentes en Melilla por su presunta implicación en un fraude masivo contra la Seguridad Social. Según la investigación, el perjuicio económico detectado supera los 3,5 millones de euros.

Los arrestados presuntamente simulaban ejercer como trabajadores autónomos o asalariados mientras declaraban bajas laborales falsas. Durante el operativo también se tomó declaración a un investigado no detenido y se registró la oficina del principal encausado, donde fue intervenida abundante documentación física y electrónica que será analizada.

Altas cotizaciones y bajas pocos días después

La investigación policial apunta a un sistema organizado. Los presuntos implicados se daban de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en ocupaciones de baja cualificación, como albañilería, peluquería o mozo de almacén.

Sin embargo, se asignaban bases de cotización elevadas y desproporcionadas para los ingresos habituales de esas profesiones, que llegaban hasta los 4.000 euros. Pocos días después de formalizar el alta, comunicaban un accidente o una enfermedad que, presuntamente, les impedía continuar con su actividad laboral y solicitaban la baja.

De esta forma, pasaban a percibir una prestación mensual calculada en función de esas altas bases de cotización.

Supuestos accidentes de tráfico

Entre los hechos alegados figuraban caídas o enfermedades, aunque la fórmula más habitual consistía en declarar un falso accidente de tráfico. En estos casos, otros miembros de la presunta trama aparecían como testigos y, en distintas ocasiones, también como supuestos accidentados para beneficiarse del mismo procedimiento.

Los agentes comprobaron además que la mayoría de los investigados estaba dada de alta simultáneamente en el Régimen General de la Seguridad Social como asalariada de terceras personas. Al tramitar la baja laboral, percibían otra prestación mensual que se sumaba a la correspondiente a su actividad como autónomos.

Las contrataciones eran efectuadas por un grupo reducido de empresarios y, en muchos casos, las relaciones laborales se habían iniciado solo unos días antes de la baja. Por este motivo, dichos empleadores también pasaron a figurar como investigados.

El objetivo era obtener una pensión vitalicia

Tras un año en situación de baja y después de las revisiones médicas periódicas, los investigados eran evaluados por un tribunal médico. Este debía decidir si procedía el alta y la reincorporación laboral o si se reconocía una lesión que justificara una invalidez permanente.

Según la Policía Nacional, la finalidad presuntamente perseguida era acceder a una pensión vitalicia.

El análisis de los expedientes reveló que todos los encartados residían en un mismo distrito de Melilla y que la inmensa mayoría mantenía vínculos familiares o de parentesco. Además, todos acudían al mismo centro de salud para prolongar sus bajas laborales.

Los investigadores detectaron que un médico atendía a la mayor parte de los implicados, por lo que también se encuentra encausado. Asimismo, muchos de los supuestos accidentados presentaban lesiones en la misma zona anatómica y, durante las revisiones, se habría aportado la misma resonancia magnética en más de una ocasión.

Un gestor no colegiado, señalado como principal urdidor

El estudio de la documentación intervenida permitió comprobar que un porcentaje muy elevado de los casos era gestionado por una misma persona, encargada de tramitar la burocracia vinculada al presunto fraude.

Este gestor administrativo, que desarrolla su actividad en Melilla, había sido detenido en varias ocasiones por su presunta participación en delitos de falsedad documental, estafa y fomento de la inmigración irregular. De acuerdo con los testimonios recogidos entre los encartados, esta persona, que no consta colegiada ni como gestor ni como abogado, habría sido el principal organizador de la trama gracias a sus conocimientos en la materia.