El impacto previsto sobre el sistema eléctrico

El crecimiento «desproporcionado» de los centros de datos en España podría tensionar el recibo de la electricidad y provocar una crisis de precios en el mercado eléctrico nacional. Según los cálculos del Gobierno, si no se establecen controles estrictos para estas infraestructuras de computación, la llegada masiva de nuevas instalaciones dibujaría un escenario crítico en 2030.

El análisis prevé que el coste variable total de generación eléctrica llegue a triplicarse, que las horas de operación de las centrales de ciclo combinado de gas aumenten un 107% y que las emisiones de dióxido de carbono se eleven un 65%.

Un informe remitido al Consejo de Estado

Estas previsiones se recogen en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo del proyecto de real decreto con el que el Gobierno pretende regular la integración de los centros de datos en el sistema eléctrico. El documento, elaborado de forma conjunta por los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, se encuentra depositado en el Consejo de Estado.

Está previsto que el órgano consultivo emita su dictamen en las próximas horas, antes de que la norma sea remitida al Consejo de Ministros.

Dos escenarios de potencia de computación

El informe compara un escenario desregulado, en el que se conectarían 10 gigavatios (GW) de potencia de computación, con un escenario base ordenado de 1 GW. El texto advierte de que, si no se adopta la regulación planteada, esos costes acabarían siendo asumidos íntegramente por todos los consumidores.

Conflicto abierto con el sector

La publicación de los detalles del decreto la semana pasada ha abierto un enfrentamiento entre el Gobierno y la patronal de los centros de datos. El Ejecutivo sostiene que el texto introduce flexibilidad en los plazos de adaptación para facilitar la transición del sector.

Sin embargo, las grandes empresas y operadores consideran que el decreto constituye una «trampa legal». A su juicio, las posibles prórrogas temporales solo se concederían a cambio de aceptar restricciones de funcionamiento o eventuales cortes en el suministro de energía.

Spain DC pide intervenir ante el Consejo de Estado

La patronal Spain DC ha solicitado formalmente comparecer ante el Consejo de Estado para defender sus alegaciones antes de que se emita el dictamen preceptivo. Desde el sector cuestionan la rapidez con la que el ministerio tramita una regulación de este alcance.

Asimismo, acusan al Ejecutivo de acelerar el procedimiento institucional con el objetivo de aprobar definitivamente la norma en el Consejo de Ministros antes de las próximas elecciones, previstas para el 29 de noviembre.