El TSJA ratifica la condena impuesta en Jaén

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 19 años de prisión impuesta a un hombre por agredir sexualmente y maltratar durante más de cinco décadas a su esposa en Andújar. La Sala ha desestimado el recurso presentado por la defensa contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Jaén.

La pena queda fijada en 15 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual, con la agravante de parentesco; tres años por maltrato habitual; y un año por maltrato en el ámbito de la violencia de género.

El miedo no equivale a consentimiento

La defensa sostenía que no concurrían los elementos necesarios para apreciar el delito continuado de agresión sexual y cuestionaba la suficiencia de las pruebas. Entre otros argumentos, señalaba que la mujer no había denunciado durante cinco décadas de convivencia y que no rechazaba de forma directa los episodios.

El TSJA descarta estos planteamientos y afirma que la ausencia de una negativa expresa no puede entenderse como consentimiento. Según la resolución, la falta de oposición de la víctima estaba condicionada por el miedo generado por la violencia previa, por lo que no puede exigirse una resistencia activa a quien acaba de sufrir una agresión.

El tribunal recalca además que el matrimonio no altera el derecho de cada cónyuge a decidir libremente sobre sus relaciones sexuales.

Más de 50 años de violencia física, psicológica y sexual

Los hechos probados reflejan que el acusado mantuvo desde el comienzo del matrimonio un trato degradante hacia su esposa, a la que insultaba de forma constante. Las discusiones desembocaban habitualmente en golpes y palizas, algunas presenciadas por los hijos de la pareja y por su nieto, que convivía con ellos desde su nacimiento.

Agresiones tras los episodios de maltrato

Después de las agresiones físicas y verbales, el hombre llevaba a su mujer al dormitorio para mantener relaciones sexuales con penetración que no eran consentidas. La sentencia recoge que estos hechos ocurrían pese al llanto de la víctima, quien no se oponía debido a la agresividad que acababa de padecer.

La violencia se extendió durante más de 50 años. En uno de los episodios, el acusado le arrojó un vaso, provocándole una herida de la que conserva una cicatriz. La mujer sufrió asimismo un trastorno depresivo con episodios ansiosos y un trastorno por estrés postraumático moderado-grave, con un periodo de estabilización de las lesiones de 365 días impeditivos.

El episodio de mayo de 2020

La resolución sitúa un punto de inflexión el 1 de mayo de 2020. Aunque los vecinos habían avisado en varias ocasiones a la Policía, que acudió al domicilio, la mujer negaba los hechos y no quería denunciar.

Aquel día, el presidente de la comunidad de vecinos subió a la vivienda para comprobar unas humedades. Al conocerlo, el acusado volvió a golpear a su esposa y le causó escoriaciones en la espalda que precisaron una primera asistencia facultativa.

El TSJA rechaza que el tiempo transcurrido hasta la denuncia reste credibilidad al testimonio de la víctima. El tribunal señala que el retraso, la ocultación de la violencia durante años y la negativa inicial a colaborar son comportamientos frecuentes en relaciones marcadas por una dominación prolongada y no constituyen por sí solos indicios de falsedad.

Además, subraya que analizar la prueba con perspectiva de género no implica rebajar las exigencias probatorias, sino evitar estereotipos acerca de cómo debería comportarse una víctima.

Testimonios de la hija y el nieto

La sentencia destaca que la condena no se fundamenta únicamente en la declaración de la mujer. La hija y el nieto del acusado testificaron sobre la dinámica de violencia que presenciaron durante años.

La hija relató agresiones físicas y verbales habituales y explicó que, tras ellas, su padre llevaba a su madre al dormitorio, cerraba la puerta y ella podía escucharla llorar y negarse. El nieto describió una situación similar y recurrente.

El TSJA concluye que estas pruebas, valoradas en conjunto, respaldan el relato de la víctima. También descarta que la falta de denuncias previas o de partes médicos anteriores desmienta los hechos, ya que la mujer negaba lo ocurrido incluso durante las intervenciones policiales.

Indemnización y medidas de protección

El tribunal también rechaza que la denuncia respondiera a un supuesto interés económico vinculado a un testamento otorgado ante notario el día anterior. Recuerda que el procedimiento comenzó tras la intervención policial y una llamada de una vecina al teléfono 016. En su primera declaración judicial, el 2 de mayo de 2020, la víctima renunció expresamente a cualquier indemnización económica.

Además de la pena de prisión, la sentencia establece prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima, así como una indemnización de 50.000 euros.