El decreto con el que el Gobierno prevé regular los centros de datos antes de las elecciones podría tener consecuencias inesperadas sobre la factura eléctrica de los hogares. A falta del dictamen del Consejo de Estado, el proyecto ya ha recibido críticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, según denuncia el sector, ha comenzado a frenar inversiones.

Impacto potencial en el sistema eléctrico

De no instalarse finalmente estas infraestructuras en España, una parte de los costes que los grandes consumidores dejarían de aportar al sistema podría trasladarse a los hogares. Según las estimaciones de EY, el impacto podría alcanzar los 394 millones de euros anuales en 2030.

La cuestión está ligada al modelo de financiación del sistema eléctrico y a los peajes y cargos regulados, destinados a sufragar las redes de transporte y distribución, además de otros costes del sistema. Los centros de datos pueden tener un papel relevante en este reparto, pero las condiciones incluidas en el proyecto del Ejecutivo podrían encarecer su abastecimiento eléctrico hasta el punto de que algunas compañías optaran por otros mercados.

El análisis señala a Portugal como una posible alternativa. El país comparte con España el mercado mayorista ibérico, pero no contempla las mismas exigencias horarias planteadas en la propuesta española. Si los promotores desplazaran allí sus inversiones, España perdería tanto los proyectos como los ingresos que estos habrían generado para el sistema eléctrico. La dimensión del efecto dependería del número de instalaciones que finalmente quedaran fuera.

Un posible déficit de 642 millones de euros

En un escenario en el que no llegaran a conectarse 4 gigavatios de potencia, los ingresos regulados del sistema eléctrico disminuirían un 5,7% en 2030, generando un déficit anual de 642 millones de euros. Si la recaudación prevista no se materializara, la diferencia tendría que cubrirse mediante los mecanismos de financiación correspondientes.

De acuerdo con EY, entre 73 y 394 millones de euros de ese déficit podrían acabar recayendo sobre los pequeños consumidores.

Exigencias renovables y pérdida de competitividad

El informe también advierte de una posible contradicción en las condiciones relativas a la generación renovable. El decreto obliga a estas instalaciones tecnológicas a cubrir de forma horaria el 80% de su consumo con nueva capacidad renovable, un requisito denominado adicionalidad.

Para cumplirlo sin afrontar penalizaciones extremas, los centros de datos tendrían que sobredimensionar sus parques solares, eólicos y de baterías hasta multiplicar por 14,2 su propia demanda eléctrica. Como consecuencia, el coste del suministro para estas instalaciones se elevaría a 133,07 euros/MWh en 2030, un importe 2,4 veces superior al precio de mercado estimado, de 55 euros/MWh.

Más excedentes y vertidos renovables

Para abastecer a los centros de datos bajo las condiciones previstas sería preciso desarrollar una capacidad de producción muy superior a la demanda efectiva. EY calcula que esta situación podría originar 19.742 gigavatios hora de excedentes, especialmente en las horas de mayor generación solar.

Una parte de esa energía podría quedar sin utilizar si la red no pudiera transportarla o si no existiera suficiente demanda en el momento de producirse. Se trata de los denominados vertidos renovables, es decir, electricidad generada que no logra incorporarse al sistema. Según EY, los excedentes elevarían estos vertidos un 16%, un volumen equivalente al consumo eléctrico anual de aproximadamente 353.000 hogares.