Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, confía en aprovechar los nueve meses que, según prevé, quedan de legislatura para culminar varios proyectos impulsados junto a la ministra Mónica García. Su objetivo personal, afirma, es sacar adelante el mayor número posible de iniciativas, sin encabezar nuevas propuestas políticas.

Médico de familia de profesión, Padilla considera que su futuro estará vinculado por completo a la sanidad y la salud, ya sea desde la asistencia clínica o desde las políticas públicas, pero no desde el parlamentarismo.

Atención sanitaria en Ceuta

Sobre la respuesta sanitaria a la crisis de Ceuta, explica que se trata principalmente de personas jóvenes sin patologías previas. Las primeras consultas están relacionadas con accidentes, lesiones y heridas, mientras que posteriormente aparecen problemas derivados del hacinamiento, la falta de higiene y las carencias de saneamiento.

En los últimos días se han incorporado tres médicos de urgencias para reforzar el fast track destinado a pacientes migrantes en situación irregular. El objetivo es proporcionar una atención ágil y diferenciada de la dirigida a la población ceutí.

Leyes en tramitación

El secretario de Estado identifica dos iniciativas con opciones claras de salir adelante en las Cortes: la Ley de Organizaciones de Pacientes, cuyo plazo de enmiendas a la totalidad concluyó el día 9 y pasa ahora a la fase de enmiendas parciales, y la Ley del Medicamento. Esta última se tramita por el procedimiento de urgencia, una vía que, espera, permita compensar la complejidad y el trabajo en profundidad que exige el texto.

Sanidad también pretende llevar al Congreso la Ley de Tabaco, pendiente de publicación en el Boletín de las Cortes y respaldada, según Padilla, por un apoyo social abrumador, así como la Ley de Gestión Pública. La intención es que los grupos parlamentarios se pronuncien sobre ambas normas.

Respecto a la Ley de Alcohol y a la Ley de Universalidad, bloqueada por prórrogas en el Congreso, señala que el Ministerio optó por avanzar a través de las vías disponibles. En este sentido, destaca la aprobación del Real Decreto 180/2026, que regula el acceso al Sistema Nacional de Salud y elimina la mayor parte de los obstáculos a la universalidad. También se ha creado una mesa de seguimiento para su aplicación, que mantuvo antes del verano una reunión valorada como muy positiva con comunidades autónomas y organizaciones sociales.

Reforma del Estatuto Marco

Padilla sostiene que no era razonable impulsar medidas paralelas antes de abordar la actualización del Estatuto Marco, una norma que llevaba 23 años sin una reforma de calado. El Gobierno, dice, ya ha puesto el texto a disposición de los parlamentarios y corresponde ahora al Congreso decidir su futuro.

La propuesta incluye mejoras en jornada laboral y descansos, el cobro prorrateado de las bajas para profesionales que realizan guardias, el reconocimiento global de los embarazos en el sistema sanitario y la exención de los turnos nocturnos para mayores de 55 años en las profesiones que trabajan a turnos.

El secretario de Estado recuerda que una parte importante de las reivindicaciones planteadas por los médicos depende de las comunidades autónomas. Añade que muchas de ellas ya avanzan por su cuenta, al margen de su orientación política, y apunta que la jurisprudencia limita la capacidad del Gobierno central para restringir aspectos surgidos de la negociación sindical o sectorial mediante el Estatuto Marco.

También observa contradicciones en el debate sobre las guardias. Sanidad plantea guardias de 17 horas y un límite de 45 horas semanales, pero, según expone, quienes reclaman que sean voluntarias consideran al mismo tiempo que la propuesta no es viable por falta de personal. Frente al sistema actual, que exige devolución horaria, la iniciativa permitiría que quien realice una guardia libre tanto el día entrante como el saliente y se incorpore a las 15.00 horas, en vez de a las 8.00. Para Padilla, son cambios reales frente a los parches aplicados durante décadas.

Fin de las guardias de 24 horas para residentes

Con independencia de lo que ocurra con el Estatuto Marco, el Ministerio prevé actuar sobre las condiciones de los residentes mediante real decreto. La reforma del RD 1146/2006, que regula su relación laboral especial en ciencias de la salud, está a punto de enviarse al Consejo de Estado.

La modificación eliminará de forma clara las guardias de 24 horas, limitará el número mensual de guardias, elevará los salarios e incorporará medidas relevantes de protección frente a riesgos psicosociales. Padilla admite que podría darse la situación de que los residentes dejen de realizar guardias de un día entero mientras que los médicos adjuntos las mantengan, de modo que la primera guardia de 24 horas de un médico se produciría al terminar la residencia. Si sucediera, considera que habría que preguntar a los actores implicados cuál fue su papel, ya que el real decreto para residentes avanza de forma decidida.

Retención de profesionales sanitarios

Sobre la salida de talento médico al extranjero, al sector privado o fuera de la profesión, Padilla asegura que la aceleración del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios no muestra de forma concluyente una fuga de la magnitud que se plantea. Sin embargo, reconoce dinámicas como la de profesionales de UCI que abandonan ese ámbito para trabajar en medicina estética dentro de la sanidad privada.

A su juicio, esta situación responde a factores más profundos y exige incentivos para atraer y retener a los profesionales. El Estatuto Marco contempla la selección mediante concurso de méritos, y no únicamente por concurso-oposición, para quienes hayan completado la formación sanitaria especializada. La medida busca aportar estabilidad y desarrollo profesional. Además, reivindica valores del Sistema Nacional de Salud como la universalidad, la incorporación de innovación tecnológica y diagnóstica y la compatibilidad con la investigación específica.

Estrategia farmacéutica y precios de medicamentos

Padilla defiende la estrategia farmacéutica que reúne a cuatro ministerios y considera que es una medida llamada a perdurar más allá de quienes la gestionan. En su opinión, ya no resulta concebible una política farmacéutica sin diálogo entre ministerios, compañías, organizaciones sociales, profesionales y pacientes.

El reto, añade, es trasladar este modelo al ámbito europeo. Considera que la Unión Europea se beneficiaría de un marco parecido, dado que en ocasiones acusa falta de conexión y competencia entre sus departamentos.

En cuanto a la confidencialidad de los precios de los medicamentos, sostiene que el debate no debe reducirse a una oposición entre transparencia y confidencialidad. Plantea, en cambio, que debe buscarse el máximo nivel posible de transparencia y la confidencialidad necesaria para asegurar que los pacientes accedan a los tratamientos cuando los necesitan.

Como ejemplo de avance, menciona la publicación de los informes de toma de decisiones de la Comisión Interministerial de Precios, una práctica que califica de inédita. No obstante, advierte de que difundir abiertamente el precio neto podría reducir el acceso a fármacos en España por las dinámicas globales. Defiende que la confidencialidad protege la capacidad negociadora del Estado y es recíproca: el Estado no puede revelar lo que paga por un medicamento innovador, pero la farmacéutica tampoco puede comunicarlo a Donald Trump.

Terafront y las terapias avanzadas

El desarrollo de la empresa pública de terapias avanzadas Terafront forma parte de un proceso en el que intervienen TERAV, la red de terapias avanzadas; Certera, el consorcio destinado a producir terapias en fases 1 y 2 para alimentar la investigación; y la propia Terafront.

Padilla señala que Terafront ya está constituida, cuenta con CEO y con una cartera de productos. Certera, por su parte, ha culminado recientemente su constitución, ha designado su sede y ha iniciado la selección de un director médico y de su equipo.

Para el secretario de Estado, el modelo español de terapias avanzadas constituye un caso de éxito porque combina terapias comerciales y académicas. La estructura cuenta con una participación del 49% público y del 51% privado, aunque el ente público es el mayor accionista individual al repartirse la parte privada entre varios accionistas. El Ministerio de Sanidad no participa en el consejo de administración de Terafront para evitar ser juez y parte, ya que quien produce no puede decidir posteriormente qué se financia. El modelo se ha reforzado durante el último año con la actualización del plan de terapias avanzadas.

Legado y futuro político

Preguntado por el legado de Mónica García y su futuro político, Padilla afirma que los legados en política son colectivos. Destaca el trabajo del equipo del Ministerio, de César Hernández en la dirección de cartera y farmacia, de María Jesús Lamas en la Agencia Española de Medicamentos y de los funcionarios.

Como elementos relevantes de la actual etapa, cita el Real Decreto 180/2026 de universalidad, la apertura del Ministerio a los pacientes y la consolidación de estructuras como la estrategia de la industria farmacéutica. Asegura que se ha trabajado sin cálculo político.

Padilla insiste en que su prioridad individual es culminar el mayor número de proyectos antes del final de la legislatura. Aunque se muestra abierto a futuras tareas de gestión, cree que dedicarse plenamente a una responsabilidad como la Secretaría de Estado es difícilmente compatible con permanecer de forma prolongada en el cargo.