El escrutinio de la economía gigante se intensifica: Óscar Pierre Miquel, fundador y CEO de Glovo, bajo investigación por presuntos delitos laborales
En una noticia que resalta el creciente escrutinio en la economía gigante, el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona ha iniciado una investigación contra Óscar Pierre Miquel, el fundador y consejero delegado de la popular empresa de reparto, Glovo. Este desarrollo se produce tras una denuncia presentada la semana pasada por la Fiscalía de Barcelona, que acusa a la compañía de presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores.
El núcleo de la acusación es que Glovo ha ignorado sistemáticamente una serie de sentencias dictadas por juzgados de toda España. Estas sentencias establecían que los repartidores de Glovo eran presuntos falsos autónomos, y que la empresa optaba por este modelo para ahorrarse dinero a expensas de sus ‘riders’.
Desde hace años, Glovo ha estado en una batalla constante con el Ministerio de Trabajo por su modelo laboral. Este conflicto ha generado numerosos juicios y sanciones por parte de la Inspección de Trabajo contra la empresa. Aunque la propiedad mayoritaria de la empresa es de la alemana Delivery Hero, la denuncia y la petición de comparecencia en sede judicial, por ahora, se limita a Pierre.
Las implicaciones económicas de la investigación
Desde que Glovo comenzó a operar en 2015, ha acumulado casi 253 millones de euros en pagos a la Seguridad Social, entre requerimientos y sanciones. La Inspección de Trabajo ha obligado a la empresa a dar de alta como asalariados a un total de 40.889 repartidores que actuaban como falsos autónomos para la plataforma digital.
La Fiscalía ha citado un total de 18 sentencias para justificar su denuncia, incluyendo el fallo del Tribunal Supremo, que desaprueba el modelo laboral de Glovo y demuestra que la relación entre la compañía y sus repartidores es propia de asalariados.
El informe del Ministerio de Trabajo enviado a la Fiscalía expone que las pruebas fueron remitidas al organismo público una vez que quedó certificado que Glovo no había atendido a los requerimientos de regularización de sus repartidores. Según la Fiscalía, Glovo no acreditó en sus respuestas ningún extremo solicitado, limitándose a contestar que la relación inicial que unía a las partes no se mantenía en el momento de procederse al requerimiento.
Sin embargo, la Fiscalía ha adoptado el argumento más utilizado por los tribunales para justificar la falta de autonomía de los ‘riders’. Los repartidores carecen de una organización de trabajo propia, prestan sus servicios dentro de la implementada por Glovo, que dirige y organiza sus trabajos diarios a través de la plataforma digital de obligada utilización.
A pesar de los cambios que Glovo ha introducido en su aplicación durante los últimos años, la realidad incuestionable es que los trabajadores han continuado realizando sus labores de reparto en las mismas condiciones en las que lo venían llevando a cabo anteriormente, sin que se les haya reconocido su condición de trabajadores por cuenta ajena. Actualmente, la Inspección está preparando una nueva ronda de sanciones contra Glovo por continuar operando bajo este modelo laboral. La propia compañía tiene presupuestados hasta 430 millones de euros para costearlas.
El único acusado en esta investigación es Óscar Pierre Miquel, el actual administrador único de Glovoapp Spain Platform SL, desde julio de 2023. Ningún otro miembro de la cúpula directiva de Glovo, incluido el otro fundador y cara visible de la empresa, aparece en los documentos judiciales.
Este caso es un ejemplo más del creciente escrutinio que enfrentan las empresas de la economía gigante por sus prácticas laborales. Las autoridades laborales y judiciales están cada vez más dispuestas a intervenir en nombre de los trabajadores, lo que podría tener implicaciones significativas para el modelo de negocio de estas empresas.