La crisis institucional en la Royal Spanish Football Federation (RFEF) ha alcanzado un punto crítico. Las investigaciones judiciales, expedientes administrativos, comunicados oficiales, y declaraciones cruzadas han creado un frenesí de actividad que ha llevado al Gobierno a detener momentáneamente su gestión de la crisis. A pesar de la capacidad del Consejo Superior de Deportes (CSD) para convocar a la comisión directiva para decidir sobre la suspensión de Pedro Rocha y los miembros de la gestora federativa, no ha habido acción en este sentido, lo que indica un intento por parte del Gobierno de ganar tiempo mientras busca la mejor solución a la crisis reputacional del fútbol español.
El panorama en la RFEF es complicado. La Federación está actualmente gobernada por una comisión gestora cuyo mandato terminará cuando se proclame un nuevo presidente. Pedro Rocha, el único candidato que ha reunido los avales necesarios para aspirar al cargo, no puede aún asumirlo debido a una impugnación por parte de Miguel Galán. Aunque su proclamación estaba prevista para el pasado lunes, la burocracia ha retrasado el proceso hasta el día 26, siempre y cuando la impugnación sea desestimada por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).
Además, el TAD ha abierto un expediente por falta muy grave contra Rocha y la comisión gestora que presidía hasta su dimisión técnica para presentarse a las elecciones. La apertura de este expediente no les inhabilita ni les impide ejercer cargo alguno, pero el CSD tiene la potestad de suspender en sus funciones a todos ellos hasta que se resuelva el expediente, proceso que podría tardar meses.
Si el CSD decide suspender a todos ellos, especialmente a los miembros de la gestora, la RFEF quedaría descabezada políticamente, creando un vacío de poder sin precedentes. Esta situación se suma a la falta de liderazgo que ya sufre la Federación, con departamentos clave como marketing, servicios jurídicos, recursos humanos y la dirección deportiva de la selección masculina sin un director en pleno ejercicio de sus funciones.
El Gobierno mantiene el silencio y se remite a las declaraciones del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, quien ha defendido que la RFEF debe alejarse de comportamientos que avergüenzan a todos y que el fútbol español merece que sus mandatarios y representantes se guíen por los principios de honradez y buena gobernanza.
No obstante, la situación actual de la RFEF es tan enrevesada que no fue prevista por ningún legislador. Por un lado, el Gobierno sabe que no puede permitir que la RFEF siga en la situación actual, originada hace ocho meses con el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. Por otro lado, la tarea de encontrar una salida legal adecuada a la crisis es titánica.
Mientras tanto, el Gobierno intensifica las conversaciones con la FIFA, un actor clave en la resolución final debido a su capacidad para intervenir la Federación. Por otro lado, la suspensión de Rocha y el resto de miembros de la gestora debe decidirla la comisión directiva, que debe ser convocada con 48 horas de antelación.
La suspensión de todos ellos generaría un vacío de poder que intensificaría el enredo actual. Por lo tanto, el Gobierno debe tener un plan perfectamente armado y jurídicamente impecable de los pasos a seguir. El punto final, de cualquier manera, tendría que ser la convocatoria de elecciones generales que proveerían a la RFEF de una nueva asamblea y presidente con un mandato para cuatro años.
Desde el CSD, se explica que los servicios jurídicos continúan con el análisis del expediente proporcionado por el TAD. Sin embargo, la interpretación evidente es que el Gobierno está ganando tiempo en busca de una solución.
Cabe destacar que casi la mitad de los presidentes de las federaciones territoriales han remitido un escrito al CSD poniéndose a su disposición y la de la FIFA para resolver la crisis. Este gesto se interpreta como una aceptación tácita de que la RFEF sea intervenida.
La solución ideal en estos momentos sería una renuncia de Rocha, pero hasta ahora, el dirigente parece tener una firme ambición de ser presidente de la RFEF. La solución más fácil, aunque improbable, sería que Rocha no fuera suspendido, que renunciara y convocara elecciones para un mandato de cuatro años tan pronto como fuera proclamado. Sin embargo, no parece aceptable que la RFEF tenga un presidente imputado en una causa que investiga una trama de corrupción dentro de la propia Federación.

