El pasado 21 de diciembre, la Base Militar de Cerro Muriano fue escenario de una tragedia. Durante una maniobra, el cabo cordobés Carlos León perdió la vida, junto a Miguel Ángel Jiménez. En medio de la investigación de este suceso, el abogado de los padres del cabo fallecido, Francisco José Pérez Romero, ha presentado una súplica ante el Juzgado Militar 21 de Sevilla, demandando que se archive de inmediato el expediente abierto contra su colega, Luis Romero, por un presunto delito de revelación de secretos.
La apertura de este expediente contra Luis Romero, quien representa a la familia del soldado León, se produjo a raíz de una pieza separada de responsabilidad disciplinaria. Según Pérez Romero, esta pieza separada solo sirve para enturbiar y dilatar un complejo proceso judicial que ha destacado hasta la fecha por la pulcritud, acierto, profesionalidad y entrega de todos los profesionales encargados del mismo.
El letrado Pérez Romero enfatizó que el objetivo principal es la búsqueda de la verdad sobre los hechos ocurridos en Cerro Muriano. Añadió que las acciones que distorsionan este objetivo solo sirven para aumentar el dolor de los familiares de las víctimas, que buscan una resolución justa que les consuele de una pérdida tan dura.
Además, Pérez Romero destacó que se está jugando con el sufrimiento de los familiares de las víctimas, a quienes solo les interesa que el honor de sus seres queridos no se vea mermado. Recordó la valentía de los militares que perdieron su vida en acto de servicio y pidió a las fuerzas armadas profesionales que garanticen que este tipo de desgracias no vuelvan a ocurrir.
Basándose en estos argumentos, Pérez Romero solicitó el cese de todas las acusaciones contra Luis Romero, alegando que no se puede culpar a los letrados que representan las acusaciones particulares de «airear» la información obtenida legítimamente. Recordó, tal y como ya había indicado el abogado de la viuda del cabo cordobés, Antonio Granados, que cuatro días antes del resultado de la visita para determinar si se decretaba prisión preventiva para los investigados, el resultado ya estaba publicado en prensa.
En este contexto, Pérez Romero destacó la necesidad de una investigación exhaustiva para identificar a las partes que están cometiendo hechos que podrían ser constitutivos de sanción. Una vez localizadas, sugirió valorarlas en su conjunto y proponer el castigo pertinente.
Respecto a la transcendencia mediática del caso, el abogado se refirió a la importancia del código deontológico de la abogacía española, considerando que en ningún momento el Juzgado ha dictado el secreto de sumario. Asimismo, recordó que todos tienen derecho a acceder a la información pública, según el artículo 105. b) de la Constitución Española, y aludió al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
La pieza separada señala que Luis Romero podría haber contravenido el carácter reservado de las diligencias sumariales al revelar a los medios de comunicación cuestiones secretas del caso. Sin embargo, Luis Romero ha denunciado que está recibiendo presiones e intimidaciones intolerables por parte de la jurisdicción militar. A pesar de esta situación, Romero ha asegurado que seguirá informando a los medios de comunicación sobre este procedimiento, tanto como abogado de la acusación, como portavoz de los padres del difunto soldado Carlos León.